«Las chilenas no queremos ser consideradas un mero recipiente para la maternidad, queremos vivirla producto de la libre decisión», dijo la abogada Camila Maturana, integrante de una de las organizaciones de mujeres que luchan por la despenalización del aborto terapéutico.
Esta práctica fue legal en Chile entre 1931 y 1989 hasta que la dictadura (1973-1990) decidió derogar la norma respectiva cuando faltaban pocos meses para ser desplazada por la democracia. Ahora el tema espera en el Parlamento para su discusión y posible aprobación de la ley correspondiente.
Chile integra el minoritario grupo de estados que prohíben el aborto en toda circunstancia, como República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras, en América Latina; o Malta y El Vaticano en Europa.
Desde 1994 hasta 2010 se presentaron nueve proyectos de ley para modificar la legislación sobre aborto en el país, pero hasta ahora ninguno prosperó.
El último de ellos plantea la despenalización cuando un grupo de tres médicos haya certificado que el feto es inviable o está muerto como consecuencia de alguna intervención, tratamiento o administración de algún fármaco que sea indispensable para salvar la vida de la madre.
En paralelo se presentaron dos proyectos más asociados al mismo tema: uno que repone el aborto terapéutico en el código sanitario y otro que añade los casos de embarazo producto de una violación.
Los proyectos, que caminan juntos, pero deberán ser votados por separado, están en etapa de discusión desde el pasado 21 de marzo en el Senado.
DISYUNTIVA LEGAL
«Existen en Chile más de mil embarazos ectópicos (en los que el producto se forma fuera del útero) y, en muchos de esos casos, la atención que reciben las mujeres para interrumpir esa gestación es retardada por la inseguridad de los médicos frente a la disyuntiva de si están actuando en el marco legal o no», explicó Maturana a IPS/Cimacnoticias.
«Estamos en presencia de una de las más graves deudas del Estado de Chile con los Derechos Humanos de las mujeres», subrayó Maturana, abogada de la no gubernamental Corporación Humanas.
«En Chile, las mujeres, bajo la amenaza de cárcel, son obligadas a continuar y llevar a término un embarazo cualquiera que sean las circunstancias, lo cual es considerado por la Organización de las Naciones Unidas como trato cruel, inhumano o degradante», agregó.
Por su parte, el psicólogo Rubén Araya, experto en temas de medicina reproductiva, indicó a IPS/Cimacnoticias que «es importante y casi necesario» el aborto terapéutico en este país.
«Fue al final del régimen militar cuando se eliminó la ley, y el hecho que esta discusión se haya postergado por mucho tiempo y que además sea una práctica bastante habitual y muy desigual en términos de clases sociales y acceso, va generando que se transforme en una suerte de reivindicación social y de género», precisó.
Araya aclaró que es importante que exista la práctica, pero se debe aplicar analizando caso a caso.
«Estoy de acuerdo en que hay que legislar y en que debiera permitirse el aborto terapéutico, pero no se debe poner por sobre la atención particular de cada caso la necesidad de una reivindicación social importante», añadió este experto, miembro de la Unidad de Psicoanálisis y Medicina de la Universidad Alberto Hurtado.
La Octava Encuesta Nacional «Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2011», organizada por Corporación Humanas, indicó que más de 70 por ciento de las chilenas consultadas apoyaban una ley sobre aborto terapéutico, 70 por ciento en caso de malformaciones graves y 60 por ciento si el embarazo es producto de una violación.
POLÉMICA
Sin embargo, la ley tiene fervientes detractores, que abarcan desde el propio gobierno del derechista Sebastián Piñera hasta las comunidades religiosas.
La Iglesia católica se opone al aborto sin excepción, al igual que la Metodista Pentecostal, la corriente evangélica que posee más adeptos en Chile.
En la clase política, la oposición afirma estar abierta a legislar sobre la materia, mientras que la gran mayoría del oficialismo adelantó su absoluto rechazo.
La polémica está instalada, máxime cuando la senadora Ena von Baer, de la cogobernante Unión Demócrata Independiente y ex ministra de Piñera, señaló que el cuerpo de las mujeres es algo que se presta para la maternidad, lo cual desató múltiples críticas.
«Nos preocupa que haya parlamentarios que podrían estar poniendo sus creencias y valores personales e incluso religiosos, por sobre el mandato de la ciudadanía para representar sus intereses», advirtió Maturana.
La abogada añadió que Chile es un Estado laico desde 1925, por lo cual «no se puede por ley imponer al conjunto de la sociedad una creencia religiosa o moral sobre el inicio de la vida humana, un debate que ni siquiera a nivel científico está resuelto, ni se pueden imponer las creencias morales sobre el valor o no del cuerpo de las mujeres».
El presidente Piñera, a través de una carta abierta, manifestó que la discusión sobre el aborto es «legítima y necesaria», pero advirtió que no es partidario de que se legalice la práctica. Entre sus argumentos, el mandatario afirmó que «como cristiano, creo en la vida como un don de Dios».
RIESGO DE VETO
Debido a esto, una de las preocupaciones centrales de las organizaciones es que el proyecto sea vetado por el gobierno en caso de ser aprobado por el Congreso legislativo.
La alerta se instaló luego de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que «si el Presidente me preguntara mi opinión, le diría ?por favor, vete esta ley?».
A juicio de Maturana, «existe claridad en los legisladores y la ciudadanía respecto de que lo que se está discutiendo son situaciones acotadas, no estableciendo la posibilidad de que el aborto sea permitido en cualquier circunstancia».
«En todos los países en que se regula el aborto terapéutico, se hace como un acto médico, no como una decisión arbitraria de las mujeres. Es el equipo de salud el que determina que existe un determinado riesgo y el que consulta a la mujer si quiere asumir ese riesgo o prefiere interrumpir el embarazo», aclaró.
Lo importante aquí es que «todos los días los Derechos Humanos de las mujeres son violados al ser obligadas a continuar un embarazo», destacó. «No queremos seguir ?prestando el cuerpo?», subrayó Maturana.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
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