En el reciente debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas en Baja California (BC) y San Luis Potosí (SLP) que «protegen la vida desde la concepción», la ministra Olga Sánchez Cordero fue la voz femenina que defendió –una vez más– los derechos de las mujeres.
Con argumentos jurídicos contundentes, la ministra advirtió que las reformas a las constituciones en esos estados podrían restringir el acceso a métodos anticonceptivos que las autoridades sanitarias consideren abortivos, y con ello limitar la garantía individual estipulada en el artículo cuarto de la Carta Magna que protege el derecho de las mexicanas a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos.
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Sánchez Cordero se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública, entre los que destacan ser la primera mujer notaria pública del Distrito Federal y la novena mujer en ocupar un lugar en el pleno de la SCJN.
Su formación de jurista la ha llevado a participar como magistrada numeraria en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de marzo de 1993 a enero de 1995. Como notaria pública en 1995, fue designada ministra de la Suprema Corte.
Ha contribuido a la formación de las nuevas generaciones de profesionistas mexicanos en diversas instituciones como la UNAM, el Colegio Francés y el Colegio Alemán.
Autora de alrededor de 40 libros, Olga ha dedicado al menos seis de sus obras al estudio de los derechos de las mexicanas.
Reconocida por su trabajo, la ministra Sánchez Cordero ha recibido dos doctorados Honoris Causa por las universidades autónomas de Morelos y Nuevo León; y galardones como el Clara Zetkin, Mujeres que hacen la diferencia, Mujeres contribuyendo por México, presea Flama,Vida y Mujer, y la Mujer del año 2004, entre otros.
Olga Sánchez Cordero también abogó por el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en 2007, cuando la SCJN desechó la controversia constitucional promovida por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra la reforma que despenaliza el aborto en la Ciudad de México.
En el caso del debate sobre las reformas en BC y SLP, la ministra señaló que si bien los estados de la República pueden ampliar los derechos fundamentales, no pueden restringirlos, como es el caso de los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina.
Olga consideró que esas legislaciones provocan incertidumbre a las mujeres que recurren a métodos anticonceptivos, porque habrá ocasiones en el que el dispositivo intrauterino (DIU) y la anticoncepción de emergencia (PAE) inhiban la fecundación, y habrá otras en que sean inhibitorias de la implantación y en consecuencia pudiera considerarse que privan la vida de otro.
Sánchez Cordero nace en la Ciudad de México y nos hereda a las mexicanas su trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
* Periodista y fotógrafa mexicana. Integrante de la Red Nacional de Periodistas.
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