La Secretaría de Salud del estado de Veracruz ha incumplido con su obligación legal de castigar los malos tratos que comete personal médico contra mujeres que requieren atención durante el embarazo, parto o puerperio, señaló Emma María Reyes Rosas, coordinadora estatal del Comité Promotor por una Maternidad Segura.
La experta acusó que el gobierno estatal tampoco ha hecho su tarea para que la población, en particular las mujeres, conozca sus derechos sobre este tema y proceda a denunciar la llamada «violencia obstétrica», estipulada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz.
Tal legislación fue promulgada el 28 de febrero del 2008 y define a la «violencia obstétrica» como la «apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de
medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad».
Asimismo, la violencia de ese tipo se presenta al «omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical».
Igualmente, cuando se obstaculiza el apego precoz del niño o niña
con su madre sin causa médica justificada, se altera el proceso natural del parto de bajo riesgo, y cuando se practica el parto por vía cesárea, «existiendo condiciones para el parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer».
Cabe destacar que la Ley de Violencia de Veracruz es la única en todo el país que estipula y castiga la «violencia obstétrica».
En entrevista, Emma María Reyes invitó a la población a presentar sus quejas y denuncias ante la Comisión de Arbitraje Médico estatal (Codamed) o llamar al 01 800 26 26 2 para recibir atención sobre este tema.
Explicó que en Veracruz es común la falta de atención a las mujeres, la negativa de ingreso o de atención médica cuando llegan en estado de gravedad en el embarazo y «llegan prácticamente a morirse a los hospitales», el desabasto de medicamentos e insumos para su atención, la falta de médicos y enfermeras en las clínicas y en hospitales, y los retrasos en la atención de la emergencia obstétrica.
Reyes Rosas recalcó que las dependencias públicas han hecho de lado su responsabilidad para difundir esta situación, lo que ha mantenido a las mujeres en la indefensión en cuanto se presentan las irregularidades y que pueden incluso llegar a costarles la vida, especialmente cuando se trata de conductas que llegan a presentarse en momentos de vulnerabilidad, como son el embarazo, parto o puerperio.
Expresó que incluso «los médicos y las autoridades no están preparados para enfrentar el abordaje de este tema, entonces hay mucho temor porque pueden ser sancionados y entonces eso refuerza una cultura del miedo que invisibiliza dónde quedó la responsabilidad».
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