Los gobiernos de América Latina (AL) y el Caribe contribuyen a la persistencia de la violencia de género en la región, toda vez que pese a contar con leyes que contemplan mecanismos de protección a la vida y seguridad de las mujeres, esto aún no se garantiza plenamente.
Reunidas en la “Cumbre iberoamericana sobre agendas locales de género” –que se realiza del 23 al 27 de septiembre en Aguascalientes–, defensoras de Derechos Humanos (DH) de Honduras, Chile, Ecuador y México, denunciaron la desprotección e inseguridad en la que viven las mujeres en sus respectivos países.
Durante el panel “Servicios de protección y atención a las mujeres que viven violencia en las regiones de Latinoamérica y su articulación con los gobiernos locales”, Margarita Guillé Tamayo, Benedicta Araveca Carrasco y Ana Cruz –integrantes de la Red Interamericana de Refugios, Casas de Acogida, Albergues y Centros para las Mujeres que Viven Violencia (RIRE)– coincidieron en que la atención, prevención, erradicación y adecuada sanción de la violencia de género es aún un gran pendiente en la región.
Resaltaron que en los casos de mujeres sobrevivientes de violencia, los Estados permanecen en la omisión o negligencia, pues no se aplican adecuadamente los protocolos ya existentes en la materia, lo que contribuye además a que el feminicidio (manifestación más extrema de la violencia de género) se incremente.
Las activistas recordaron que Honduras, Chile, Ecuador y México cuentan con medidas de protección emergente que deben ser aplicadas de manera inmediata y eficaz en casos de violencia, a fin de prevenir futuras agresiones.
No obstante, advirtieron que tales acciones generalmente no se llevan a cabo y cuando se ejecutan no se realiza la adecuada evaluación de las medidas implementadas.
Cabe destacar que México prevé en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dos medidas de protección para víctimas: a manera individual, las órdenes de protección, y de forma colectiva, la Alerta de Violencia de Género (AVG).
Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, expuso los obstáculos que enfrentan las mujeres en Honduras (país donde se estima que cada 15 horas se comete un feminicidio), para acceder a la justicia y a la protección, ya que los procesos legales son complicados, costosos y generalmente demoran mucho tiempo.
En Chile, de acuerdo con Araveca Carrasco, directora del Centro de Mujeres Quidel, no hay mecanismos efectivos que vigilen la aplicación de las órdenes de protección dictadas por los jueces, lo que se refleja en la cifra de 27 mujeres asesinadas en 2013 a pesar de contar con medidas de protección.
Marlene Villavicencio, coordinadora de la Casa de Acogida María Amor, señaló que en Ecuador están estipuladas en la ley las medidas de protección, pero en los juicios las mujeres tienen que comprobar que viven violencia, por lo que se enfrentan a procesos que duran meses para conseguir tales garantías.
Margarita Guillé Tamayo, coordinadora de la RIRE, informó que durante esta semana las integrantes de la Red se reunirán para fortalecer la alianza entre mujeres líderes que trabajan en el continente a favor del derecho a vivir sin violencia.
13/AZM/RMB
