Omisión del Estado ante agresiones contra activistas de DH

A unas semanas de que se cumpla un año de la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, organizaciones civiles criticaron que las agresiones contra esta población continúen.
  
Un recuento realizado por la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT) indica que durante los primeros tres meses de este año a lo largo del país, han ocurrido violaciones a los Derechos Humanos (DH) que ponen en riesgo la vida de las y los activistas.
 
En un comunicado, los grupos que integran la red acusaron que en México persiste un clima de violencia en contra de las personas defensoras de DH porque el Estado no garantiza ni protege el derecho a defender las garantías fundamentales.
 
Advirtieron que a pesar de que México ha dado pasos importantes en la protección de personas defensoras con la implementación de un Mecanismo de Protección, en el país quienes defienden los DH siguen expuestos a riesgos muy altos.
 
La ley que crea un Mecanismo de Protección para periodistas y defensores fue aprobada por el Senado el 24 de abril de 2012, y ratificada por la Cámara de Diputados el día 30 del mismo mes y promulgada en junio del año pasado.
 
Sin embargo, debido a que muchas agresiones son propiciadas o permitidas por las autoridades mexicanas las organizaciones lamentaron la falta de un pronunciamiento claro de los gobiernos federal y estatales en contra de estas agresiones.
 
El pasado 4 de abril las instalaciones del Centro de Derechos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) fueron atacadas con piedras, lo que indica, a decir de las agrupaciones, que defender los DH en esa entidad se castiga con la vida o amenazas constantes.
 
Por otra parte, la madrugada del pasado 3 de abril, fue allanada la sede del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha en Oaxaca. La activista Alba Cruz, integrante de esa organización, ha sido amenazada en varias ocasiones. 
 
Ese mismo día en aquella entidad fue detenido Mariano López Gómez, integrante de la Asamblea del Pueblo Juchiteco y de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, acusado por el presunto delito de extorsión.
 
Las organizaciones informaron que al mismo tiempo se dio a conocer que se giró una orden de aprehensión contra Carlos Sánchez Martínez, coordinador de Radio Totopo y también opositor al proyecto eólico en Juchitán, Oaxaca.
 
Esa entidad, dijo la Red TDTT, ha sido un “foco rojo” en cuanto a agresiones a personas defensoras, y donde la defensa de los DH ha costado vidas, además de que las amenazas, allanamientos, descalificaciones y retenciones se han vuelto comunes.
 
La Red TDTT subrayó que las denuncias de quienes apoyan y defienden a las personas migrantes en México han sido frecuentes, y puso como ejemplo las constantes amenazas y la presencia de bandas delincuenciales en Tenosique, Tabasco.
 
En ese estado la vida del defensor de personas migrantes Tomás González corre peligro ante las diversas amenazas, al igual que la del personal del albergue La 72, pero ante esta situación las autoridades no han hecho nada por su seguridad.
 
En este contexto, las organizaciones lanzaron una alerta para evitar que estas acciones enrarezcan aún más el clima de confrontación social que afecta la vigencia plena de los DH.
 
Las agrupaciones integradas en la Red TDTT consideraron que estas amenazas, allanamientos y detenciones, así como las descalificaciones a través de algunos medios de comunicación, hacen evidente la persistencia de un clima de violencia contra las personas defensoras.
 
Agregaron que la falta de efectividad de las medidas preventivas y de protección, tanto por las autoridades federales como por los gobiernos estatales, contribuye a que estos casos se repitan.
 
“Los actos de violencia en contra de quienes defienden los Derechos Humanos en México no son nuevos, sin embargo, existe en México un discurso que promueve acciones con las que esta administración asegura poner fin a esta situación y que no ha resultado efectivo hasta ahora”, dijeron.
 
Además reprocharon que pese a las denuncias públicas y legales las autoridades han sido pasivas en la conducción de las investigaciones, para definir a los responsables de los ataques y sancionarlos de acuerdo con la ley.
 
13/AGM/RMB