Las muertes violentas son un fenómeno creciente en México, que cuando se trata de mujeres suelen quedar en la impunidad y justificaciones culturales. Los últimos días por lo menos once casos destacaron en la prensa.
Cada uno de esos sucesos refleja la incapacidad de las autoridades locales para cumplir con las legislaciones locales y los tratados internacionales cuyo objetivo es prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. De ellos destacan la Convención para la Eliminación todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la convención Belém Do Pará, firmada por los países americanos.
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, en una de las colonias suburbanas de la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, el pasado ocho de mayo el campesino Gregorio Vázquez Cruz descubrió el cadáver semicalcinado de una joven mujer asesinada y quemada.
La víctima fue identificada como María Antonieta Hernández, de 19 años de edad y trabajadora de un antro de esa ciudad, con una pujante industria maquiladora y que hace frontera con Laredo, Texas.
Por otro lado Cristel Estibalí Álvarez García y Osorno Martínez, son los dos casos que han trascendido a la prensa por haber sido asesinadas en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La primera, Areli, fue encontrada el 27 de abril en el estacionamiento del Museo de la Ciencia, a las orillas del campus universitario, con rasgos de haber sido violada y golpeada; su muerte, dijeron, fue por asfixia. A Cristel, el pasado 6 de mayo la mató un individuo de un tiro en la cabeza en pleno pasillo de la Facultad de Ciencias.
Para el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz, ambos crímenes tienen un origen pasional. Sin embargo, según informes de la propia dependencia, en la Ciudad de México cada 24 horas tres mujeres son violadas o ultrajadas de diversas formas.
Por otro lado, en el tramo de la carretera Aldama-Chihuahua se halló otro cadáver de mujer el pasado 5 de mayo; con él la lista oficial aumenta a 268 los crímenes perpetrados en esa entidad fronteriza.
De ello Irma Campos, del Grupo Feminista 8 de Marzo de esa entidad, reveló que la víctima había sido identificada como Dora Lilia Lozano Anchando, quien aparentemente fue asesinada a golpes de botella de cerveza.
Para la luchadora, en toda la entidad se están repitiendo casos similares a los que suceden en Ciudad de Juárez. Nada menos recordó que «hace aproximadamente un mes se encontró el cuerpo de otra mujer que había sido reportada como desaparecida».
Lo más reciente de la semana fueron las dos mujeres y una menor de nueve meses que murieron el día 8 de mayo en una emboscada en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala.
De ellas se dijo que las mujeres adultas fueron asesinadas a machetazos mientras, la menor, sólo había sido herida pero murió por deshidratación.
Según la Procuraduría de Justicia del estado, uno de los presuntos homicidas declaró ante el ministerio público que habían asesinado a las mujeres porque eran familiares de un indígena que dejó embarazada a una de sus hermanas y no quiso casarse con ella.
Ese mismo día 8 de mayo otras tres mujeres murieron de forma violenta en el estado de Chihuahua; pero ellas por razones distintas a las de las 268 jovencitas de Ciudad Juárez.
La tarde del lunes, según se informó, una mujer en el poblado de San Rafael, municipio de Guadalupe y Calvo, envenenó a sus dos hijas de cuatro y seis años para luego quitarse la vida. A la fecha se desconocen las causas pero su marido permanece detenido mientras se investiga.
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