Organizaciones de la sociedad civil hicieron un exhorto ayer miércoles a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Ana Teresa Aranda, para dar continuidad a los trabajos realizados desde hace más de un año para modificar la normatividad de las estaciones migratorias, dependientes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Más de una docena de ONG, entre las que se encuentran Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional sección México, informan en un comunicado que desde hace más de un año han dado seguimiento a la discusión de la reforma a las Normas de Funcionamiento de las Estaciones Migratorias en México, enviando comentarios al articulado del proyecto.
Comentarios sustentados, apuntan, en «la obligación del Estado Mexicano de garantizar la protección de los derechos humanos de la población migrante» asegurada en estos centros. Y aunque reconocen que hubo avances en este proceso, consideran que los trabajos realizados hasta ahora no son suficientes.
De ahí que hagan un exhorto a la nueva Subsecretaria, Ana Teresa Aranda, a mantener la apertura y continuidad de los trabajos de reforma de las Normas de Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y de otros temas de la agenda migratoria y del asilo, «para evitar retrocesos» y seguir avanzando en la protección de los derechos humanos de las y los migrantes en México.
Ya que los temas discutidos hasta ahora son para las ONG «el piso mínimo», pues falta mucho camino por recorrer en el respeto a los derechos de la población migrante en México.
¿CENTROS DE RECLUSIÓN?
Según el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre la situación de los Derechos Humanos en las Estaciones Migratorias del INM, emitido en diciembre de 2005, en México el sistema de estaciones migratorias lo integran 119 establecimientos, 51 permanentes y 68 habilitados.
Estos centros están ubicados en 19 entidades del país: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur; Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal (DF).
En mayo del 2007, distintas ONG que atienden violaciones a derechos humanos a migrantes habían denunciado cómo, desde la incorporación del INM al Consejo de Seguridad Nacional, en México se ha endurecido el control migratorio, aumentando la discrecionalidad y el aislamiento de las personas extranjeras, y cómo mediante el Proyecto de Normas se legitimaban graves violaciones a los derechos humanos (Cimacnoticias, 14 de mayo de 2007).
Sustentaban esta afirmación en un documento titulado Los derechos de la población migrante asegurada ante la propuesta de cambios en las normas de funcionamiento de las estaciones migratorias, donde se presentaba el resultado de una consulta sobre derechos humanos y detención de extranjeros en México realizada el 8 de mayo de ese año.
El documento señala que las y los migrantes y solicitantes de asilo «asegurados» en las estaciones migratorias mexicanas son personas detenidas y privadas de su libertad, «de ahí la importancia de que la normatividad que regule estas estaciones y/o su permanencia tienen que garantizar los derechos humanos y principios establecidos para el trato a personas privadas de su libertad».
Dentro de las Estaciones Migratorias, asegura el texto, se han violado derechos, tales como la integridad física y mental, al ejecutarse sobre las y los migrantes castigos físicos, privaciones de alimento o sanciones disciplinarias que vulneran el derecho a la integridad personal. La normatividad debe garantizar, por tanto, el derecho a la salud y a condiciones sanitarias, higiene, ropas y camas, y debe garantizarles la no privación de sus bienes y posesiones durante su detención.
Con relación al Proyecto de Normas de Funcionamiento de las Estaciones Migratorias, emitido por el INM, refiere que legitima graves violaciones a derechos humanos, como el debido proceso, acceso a la justicia, derecho a la defensa, interés superior de la y el niño y la igualdad, entre otros.
«Contemplan un sistema muy parecido al de los centros reclusión para cuestiones penales», indica el texto.
PROCESO DE REFORMA
En octubre de 2007, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) publicó una nueva versión del proyecto, a la que estas organizaciones hicieron observaciones pues, consideraron, violentaban los derechos humanos de la población migrante y eran contrarios a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, informan las ONG en el comunicado emitido ayer miércoles.
Ante esto, la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, a cargo entonces de Florencio Salazar Adame, abrió un espacio de análisis y participación para discutir los principales temas de preocupación que las ONG identificaron en el proyecto del mes de octubre, señalan.
Entre los temas discutidos y acordados con la Subsecretaría, en reuniones llevadas a cabo en diciembre de 2007 y enero de 2008, destacan: clasificación de las estaciones migratorias, condiciones de aseguramiento, separación y traslado de personas aseguradas, atención médica, visitas, acceso al debido proceso y restricciones al ingreso a las estaciones migratorias.
Si bien es cierto que con la titularidad de Florencio Salazar se dio cierta apertura al diálogo que conduciría a la firma del acuerdo, reconocen, «se debe insistir en que las condiciones de aseguramiento no son las óptimas en concordancia con los instrumentos internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos».
Entre los firmantes están la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Albergue del Desierto; Centro de Derechos Humanos del Migrante; Servicio Jesuita a Migrantes–México; Clínica de Interés Público; Instituto Tecnológico Autónomo de México; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro Nacional de Comunicación Social; Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, y Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
08/CV/GG
