Organizaciones civiles vigilarán se realice en tiempo y forma la comparecencia del secretario de Salud, Julio Frenk, a fin de que explique a la ciudadanía la entrega de 30 millones de pesos al grupo Provida en 2003, violentando la normatividad de la dependencia a su cargo, declararon activistas en el programa radial Público y Privado.
En esta primera producción de Cimac, transmitido todos los lunes de nueve a 10 de la mañana, asistieron Daphtne Cuevas, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y María Vallarta, de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, dos de las seis agrupaciones que realizaron la auditoría a Provida que detectó una serie de irregularidades e incluso fraude.
Las especialistas detallaron esta mañana que el grupo Provida, no sólo utilizó los recursos públicos en beneficio propio, sino que atentó contra los ejes fundamentales de la política pública en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Daphtne Cuevas, integrante de Consorcio para el Diálogo, explicó que los 30 millones de pesos destinados al grupo que encabeza Jorge Serrano Limón, provienen de los impuestos de todos los mexicanos, "lo cual es inaceptable, pues en ninguna ley de este país esta permitido legalmente otorgar recursos públicos a una organización privada".
Dijo que de los recursos que recibió esa organización en 2003 de la SS, para la creación de 10 clínicas antiaborto -los llamados Centros de Ayuda para la Mujer (CAM)-, 22 millones 300 mil 457 pesos fueron para empresas vinculadas con la organización que incluso cuentan con los mismos números telefónicos y personal.
Cuevas dijo que para "acceder a la información en poder del Legislativo es un vía crucis, pues las organizaciones interesadas en resolver este caso nos hemos tardado meses para poder investigar a fondo".
Durante la transmisión radial, la activista dejó claro que una vez que se contó con la información y se comprobó el desvío de recursos, las organizaciones otorgaron un plazo de 30 días a la Cámara de Diputados, para obtener alguna respuesta y tomar cartas en el asunto. "Hasta el día de hoy, no hemos obtenido una respuesta que realmente solucione de tajo esta situación" acotó.
"Son necesarias instancias públicas que sancionen y determinen responsabilidades en casos como éste, pues no puede ser que las organizaciones tengamos toda esta información, hagamos auditorías, investiguemos y trabajemos a favor de la justicia, y que no se haga nada, esperemos que esta punta de iceberg logré extenderse en la sociedad y trabajemos juntos", concluyó Daphne Cuevas.
En tanto, María Vallarta, cuya organización ha dedicado un año de trabajo en la investigación del caso Provida, lo revelado por la auditoría no deja lugar a dudas de las irregularidades cometidas por el grupo ultraconservador, opositor al uso del condón y a los derechos sexuales y reproductivos de la población, que destinó más de 12 millones de pesos para publicidad, mientras que la Secretaría de Salud destinó menos de 10 millones de pesos a programas contra el VIH/Sida, área del que fueron desviados los recursos entregados a Provida.
"Con esas cifras fuimos a la Cámara de Diputados para mostrar lo que estaba pasando. Mientras fuimos avanzando en la investigación encontramos muchas irregularidades, inclusive encontramos facturas en blanco", señaló.
Más aún, explicó que "las compras del grupo Provida, fueron manipuladas para que el equipo médico que utilizan en los Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), se comprobara en las facturas al doble de su precio real, por lo que todos los gastos de este grupo fueron totalmente alterados".
Las activistas descartaron un posible encuentro con Julio Frenk, pues que sólo se está a la espera de que comparezca y rinda cuentas claras a la ciudadanía.
2004/AV/GV/SM
