María Luisa Sánchez, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), consideró «muy grave» que al interior de la Secretaría de Salud los funcionarios privilegien su ideología conservadora por encima de lo que dictan las leyes y la evidencia científica, luego de que el director jurídico de la dependencia, Bernardo Fernández del Castillo, ha retrasado por nueve meses la actualización de la Norma Oficial en materia de violencia familiar.
Lo anterior, en entrevista telefónica a propósito de un desplegado publicado en la Jornada en donde ONG con trabajo en derechos sexuales y reproductivos exhortaron al Estado mexicano a dar cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que signó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los derechos humanos y reproductivos de Paulina del Carmen Jacinto Ramírez, quien fue violada en 1999 y embarazada y a quien las autoridades estatales le negaron un aborto legal.
La directora de GIRE, una de las ONG que ha dado acompañamiento a Paulina desde 1999 y quien presentó conjuntamente con otras organizaciones en 2002 una denuncia ante la CIDH por este caso, explicó que el ASA fue signado entre el Gobierno federal, el gobierno de Baja California y la CIDH con el propósito de resarcir el daño a Paulina y crear políticas públicas para que no se repitan en la entidad casos como así.
Asimismo, explicó que entre los compromisos adquiridos en este acuerdo destaca la promoción de una circular para regular la interrupción legal del embarazo en casos permitidos por la ley en Baja California y la entrega de dinero para la educación de Isaac, hijo de Paulina, y para la instalación de un micronegocio que le permita mantenerlo.
VIOLENCIA SEXUAL
Sánchez Fuentes destacó que entre otros compromisos adquiridos por el Estado mexicano, pendiente aún, está la actualización de la Norma Oficial Mexicana en materia de atención a la violencia familiar, específicamente para ampliar su objetivo y ámbito de aplicación a la violencia sexual ocurrida fuera del ámbito familiar.
En marzo de 2006, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Estado mexicano se comprometió a través de la Secretaría de Salud a actualizar la NOM-190-SSA1-1999 para incluir la violencia sexual ocurrida fuera de este ámbito.
En el desplegado, las ONG han advertido que el 24 de noviembre de 2006, la SS concluyó sus procedimientos de normalización y remitió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) la NOM actualizada con el título Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención.
La COFEMER, a su vez, emitió su dictamen final el 12 de enero de 2007, con algunas observaciones para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Pero han pasado 9 meses y la SS aún no publica en el DOF el Proyecto de Norma Oficial, bajo el argumento de que éste se encuentra «aún en revisión» por el director general de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Bernardo Fernández del Castillo, quien en 2000 apoyó la controversia constitucional interpuesta por panistas y del Verde Ecologista contra la llamada «Ley Robles» relativa al aborto.
Las organizaciones civiles han señalado también que no existe impedimento alguno para el retraso en la publicación de esta NOM que, dicen, fue analizada por expertos de diversas ramas del derecho, «quienes concluyeron que es congruente con el marco jurídico nacional y consistente con los instrumentos internacionales en la materia».
Por lo que exhortaron al Estado mexicano «honre» el compromiso adquirido ante la CIDH y «pruebe su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos» publicando a la brevedad el Proyecto de Norma Oficial tal y como fue aprobado por la COFEMER.
Esto, para la directora de GIRE, es a todas luces un entorpecimiento del funcionario de la SS, quien tendrá que dar cuentas a la CIDH en la próxima sesión de la que aún no hay fecha.
El desplegado fue firmado por 75 ONG del DF, de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Morelos, Querétaro y Puebla, entre las que se encuentran el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Católicas por el Derecho a Decidir, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre otras.
Está dirigido a Felipe Calderón Hinojosa; a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano; al secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos; al secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape, y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Ávila.
07/LGL/GG
