El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Amnistía Internacional (AI) solicitaron a legisladores estadounidenses incorporar mecanismos adecuados de protección de los derechos humanos en México ante la aprobación en la Cámara de Representantes de la Iniciativa Mérida, informaron en un comunicado.
En una misiva dirigida a David Obey, presidente del Comité de gGastos, y Nita M. Lowey, presidenta del Subcomité de Operaciones Ajenas del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, en Washington DC, el Prodh y AI externan su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en México por parte del Ejército y de grupos policiales utilizados en la estrategia calderonista para combatir al narcotráfico.
Y observan a los legisladores estadounidenses tres puntos en materia de derechos humanos que tienen que estar contemplados en la aprobación final de la Iniciativa Mérida:
Que las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares sean conocidos por la justicia civil y no la militar, como sucede actualmente; que la sociedad civil vigile los programas de combate al narcotráfico, la violencia y delincuencia organizada, y que cese el uso de la tortura como método empleado por el gobierno mexicano para la obtención de testimonios.
Tanto AI como el Prodh denuncian a las y los congresistas norteamericanos la nula participación que la sociedad civil ha tenido en la creación de este proyecto (Iniciativa Mérida) que contempla la «aportación» de 950 millones de dólares a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OACNUDH) en México.
ABUSOS FRECUENTES
En la misiva, firmada por los directores de AI, Alberto Herrera Aragón, y del Prodh, Luis Arriaga Valenzuela, reconocen la gravedad de la violencia que vive México luego de la lucha que la administración de Felipe Calderón ha emprendido contra el narcotráfico. No obstante, han reiterado que el uso del Ejército mexicano para esta tarea conlleva a violaciones graves a los derechos humanos, como ha ocurrido.
Las detenciones arbitrarias, tortura, creación de evidencias falsas, la violación a los estándares internacionales del debido proceso y la criminalización y la represión de los movimientos sociales constituyen, dice la misiva, los abusos a los derechos humanos más frecuentes en México, debido a la falta de imparcialidad e independencia de los tribunales militares, que han perpetuado la impunidad en el país.
«El Congreso de los Estados Unidos tiene ahora la responsabilidad de clarificar las expectativas de este proyecto de cooperación» donde el respeto a los derechos humanos sea el centro de toda propuesta si realmente se quiere colaborar, advierten los activistas mexicanos.
Por ello, hicieron un exhorto a las y los congresistas de Estados Unidos a que en las próximas discusiones sobre la Iniciativa Mérida sean consideradas las peticiones suscritas.
Entre los firmantes de esta misiva se encuentran diversas ONG defensoras de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, Fundar, Centro de Análisis e Investigación. También la periodista Lydia Cacho y el general José Francisco Gallardo son otros de los firmantes del documento.
DECLARACIONES INMORALES
Sobre el mismo tema, en un comunicado, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras Julián, cuestionó la calidad moral del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, por sus recientes declaraciones a la prensa acerca de la salida de Amerigo Incalcaterra, representante de la OACNUDH en nuestro país.
Las declaraciones de Soberanes se centraron en un supuesto «enojo» de Incalcaterra, quien permaneció en el cargo hasta el 23 de mayo cuando dejó el país, por no poder «disfrutar» de los mil millones de pesos que la Iniciativa Mérida contempla para la OACNUDH en México, según reportaron diversos medios nacionales.
La legisladora perredista dijo que las declaraciones de Soberanes Fernández son una muestra de que efectivamente hubo una presión por parte de éste para que Incalcaterra dejara el país, sobre todo cuando se volvió un funcionario «incómodo» para él y para Felipe Calderón.
En el comunicado, Contreras Julián advierte que lejos de descalificar la labor de Incalcaterra en México, como lo ha hecho con los informes de organismos internaciones que han criticado la labor de la instancia presidida por Soberanes, éste debería dejar el cargo para «dignificar» a la CNDH, luego que ha demostrado su incapacidad para defender los derechos humanos de las y los mexicanos.
«Esa actitud de Soberanes de no aceptar las críticas y de negar sus errores, no corresponden a la labor del Ombudsman que la sociedad mexicana requiere para avanzar en la protección y promoción de los derechos humanos, por lo que él mismo le ha restado credibilidad y legitimidad al que, se supone, debería ser el principal promotor y defensor de los derechos humanos en nuestro país respecto a la labor de la CNDH», advirtió la perredista.
Y recordó las frases «célebres» de Soberanes, como «pleito de verduleras» «se hacen chaquetas mentales» o «legisladores y periodistas incrédulos», que no han reflejado, dice la legisladora, más que su misoginia, discriminación y actitudes despectivas hacia quienes se atreven a criticar su trabajo al frente de la CNDH.
Para la legisladora, el «problema» no es la CNDH sino Soberanes quien la ha tomado como un botín de sus intereses políticos y personales.
08/LGL/GG
