Mujeres peruanas denunciaron que en el país andino persisten violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina.
Agrupadas en organizaciones como Manuela Ramos, DEMUS, Promsex y el Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos, las activistas advirtieron que en Perú no hay una protocolización del aborto terapéutico, siguen las barreras legales que impiden el acceso a los servicios de salud a las adolescentes, falta de acceso a métodos de anticoncepción, y un alto índice de muerte materna.
La postura de las organizaciones civiles se da en momentos en que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) evalúa hoy y mañana al gobierno peruano en el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Tras la evaluación, se prevé que el Comité DESC emita una serie de recomendaciones.
Las activistas recordaron que el Estado peruano ha incumplido con fallos internacionales sobre los casos de dos adolescentes a quienes se les negó el aborto terapéutico.
Comités de la ONU responsabilizaron a Perú de haber violado los derechos de ambas jóvenes, y lo obligaron a garantizar el acceso a un servicio médico no discriminatorio y confidencial.
El Comité DESC también ha solicitado al país sudamericano que informe sobre las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990 a 2000).
Perú ratificó el PIDESC el 28 de marzo de 1978, con lo que se obliga a reconocer y garantizar los derechos «que se desprenden de la dignidad inherente a la persona, que incluye los derechos al trabajo, educación, seguridad social y el gozar del más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud mental, sexual y reproductiva».
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