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Opacidad en el proceso de AVG en Puebla

Por Samantha Páez*
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El pasado 22 de abril, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) publicó el resultado de la convocatoria para integrar al Grupo de Trabajo que analizará la pertinencia de emitir una Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Puebla.
 
Como vaticinó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, en el marco del VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas en febrero pasado, las académicas locales que conforman el grupo podrían no ser las adecuadas, incluso existen dudas sobre el proceso mismo para la conformación del equipo de especialistas.
 
El tema de la AVG se puso sobre la mesa en septiembre de 2015 cuando la diputada local Geraldine González Cervantes envió una iniciativa al Congreso local para solicitarla, sin embargo debido a que el Legislativo no está facultado para ello dejó la tarea a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla.
 
Para septiembre pasado se registraron 33 presuntos casos de feminicidio en 2015, según un recuento hemerográfico del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), y a ello se sumó la desaparición de Paulina Camargo Limón, de 19 años de edad y con 18 semanas de embarazo.
 
La CDH informó el 28 de diciembre de 2015 que no haría la solicitud debido a que no encontró “elementos objetivos para hacerlo”. Por este motivo, dos organizaciones civiles pidieron la AVG para el estado en marzo pasado. Primero fue el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica, el día 9, y luego Todos para Todos, el día 30.
 
IRREGULARIDADES
 
De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, después de que grupos civiles pidan la AVG y las autoridades federales acepten la solicitud, se procede a integrar un Grupo de Trabajo “a efecto de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las mujeres”.
 
El grupo se integra por servidores públicos de Inmujeres; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y por especialistas de la academia seleccionados mediante convocatoria pública (dos de instituciones estatales y dos nacionales).
 
Allí comenzaron las anomalías, pues en la página de Inmujeres se publicaron dos convocatorias para conformar el Grupo de Trabajo: una el 11 y otra el 23 de marzo, aunque no se podía descargar el primer documento y el que sí se podía bajar ya no está disponible.
 
Lourdes Pérez, académica e investigadora del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, quien buscó formar parte del grupo, dijo a Lado B que ingresó sus documentos para participar desde la primera convocatoria. En ese momento le llegó un correo para confirmarle que sus papeles fueron recibidos.
 
Luego el director adjunto de Asuntos Jurídicos de la Conavim, David Ricardo Uribe González, se comunicó con ella para informarle que habría una segunda convocatoria, pues la primera resultó “defectuosa”.
 
Uribe González dijo a Pérez Oseguera que sus documentos serían tomados en cuenta para la segunda convocatoria, ya que cumplió con todos los requisitos. Después la académica envió correos electrónicos e incluso llamó a la Conavim, para saber cuándo se publicarían los resultados de la convocatoria, pero sin respuesta.
 
También supo que dos personas recibieron llamadas de la Conavim para conformar el Grupo de Trabajo de manera directa, es decir, que tendrían trato preferencial, pues sólo requerían “una carta de su rector”.
 
“¿Por qué lanzan la convocatoria? –cuestionó la académica– Además la emitieron dos veces, nosotras nos enteramos una vez, corrimos porque además no la abrieron tantos días como debe ser, o sea, está lleno de irregularidades”.
 
Finalmente, con fecha de publicación del pasado viernes 22 de abril, Inmujeres informó que el Grupo de Trabajo lo conformarían Héctor Alberto Pérez Rivera y Mario Fausto Gómez Lamont, como especialistas nacionales, así como Elva Rivera Gómez y Catalina Aguilar Oropeza, como académicas locales.
 
DUDAS
 
En los resultados de la convocatoria, la Conamiv menciona que Catalina Aguilar Oropeza es colaboradora en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, organización creada en 2011 y presidida por el gobernador Rafael Moreno Valle.
 
Se precisa que Aguilar Oropeza es representante de la Universidad de las Américas Puebla. Sin embargo, en el buscador de la universidad no aparece como parte del cuerpo académico.
 
En su currículum se indica que es presidenta honoraria de Cihuautla Voluntad Equidad Bienestar, pero al buscar a la organización en el Sistema de Información del Registro Federal de las OSC, resulta que su objetivo es el “fomento de acciones para mejorar la economía popular” y no el “fomento de la perspectiva de género y la prevención de la violencia contra la mujer”, como lo solicitaba la Conavim en su convocatoria.
 
Al respecto, la asesora jurídica del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido, dijo en entrevista que no es usual que el Inmujeres publique dos convocatorias. “El procedimiento de acuerdo con el Reglamento (de la AVG) establece que se lanza una convocatoria, pero si en este caso hubo dos convocatorias se tendría que dar una explicación de por qué la otra convocatoria se suple”, refirió.
 
Sobre las inconformidades en la elección de las académicas locales, Pérez Garrido apuntó que es importante que las organizaciones civiles pugnen porque haya mayor transparencia en el proceso de la AVG.
 
Así, Lourdes Pérez podría interponer un amparo por la falta de transparencia y claridad en la emisión de la convocatoria, dado que esa situación la afectó de manera directa.
 
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, dijo en febrero pasado que la Conavim ya no quiere investigar los casos de AVG en los estados: “Como la Conavim ya está harta de que todas nosotras estemos pidiendo la declaratoria le regresaron ‘la bolita’ al estado. Lo que quieren es que los gobiernos lo asuman y ellos tomen las recomendaciones que quieran”.
 
También advirtió que al momento de seleccionar a las y los integrantes del Grupo de Trabajo, la Conavim puede elegir a alguien “a modo” para no declarar la AVG.
 
ACTIVIDADES SIN CLARIDAD
 
Pese a que de manera oficial el Grupo de Trabajo quedó instaurado el 22 de abril, Alejandro del Castillo Saavedra, tesorero del Instituto Mexicano de Psicología Jurídica, una de las asociaciones que solicitó la AVG, manifestó que los especialistas tienen por lo menos 10 días trabajando, aunque el lunes pasado fue su presentación con las organizaciones solicitantes.
 
“La reunión del lunes 25 de abril trató de que las organizaciones que fueron convocadas entraran una por una para dar sus puntos de vista, y contestar a las preguntas de los miembros del Grupo de Trabajo”, narró del Castillo Saavedra.
 
Además de las organizaciones solicitantes de la AVG se habría llamado a otras dos agrupaciones –según Alejandro del Castillo–, entre las cuales está la que representa Lourdes Pérez Oseguera, pero en la reunión del lunes no se le permitió la entrada, según contó la propia especialista.
 
Pérez Oseguera relató que no se le permitió la entrada, pero se le invitó a que asistiera el martes 26 de abril; sin embargo debido a la falta de transparencia y a las dudas en el proceso decidió no ir.
 
Alejandro del Castillo apuntó que su organización estará pendiente de que en los días que restan para hacer el análisis de la violencia de género –a partir de la convocatoria se tienen 30 días para que el Grupo de Trabajo investigue y elabore un informe– se recaben los datos necesarios para emitir la AVG.
 
La norma marca que a partir de la publicación del informe, así como de la aceptación por parte del Ejecutivo estatal, hay un plazo de seis meses para que éste diseñe estrategias y establezca las medidas para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo.
 
En caso de que el gobierno estatal no acepte el informe o que en un plazo de seis meses no atienda las observaciones, la Secretaría de Gobernación declarará la AVG y determinará las acciones de prevención, seguridad y justicia que deberán implementarse.
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias ladobe.com.mx.
 
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