La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero, titular de la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades competentes en Relación a los Feminicidios, denunció que esa instancia opera su agenda de trabajo con 35 mil pesos al mes, porque «no tiene un presupuesto asignado».
«La asignación de recursos a las comisiones de la Cámara de Diputados, depende de quiénes integran las comisiones, si eres importante y tienes integrantes con poder, te dan lo que pidas, pero si no es así, te dan lo que quieren», abundó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En entrevista telefónica, respecto al presupuesto asignado para que la Comisión de Feminicidios pueda hacer su trabajo, la diputada señaló, «sólo tenemos el presupuesto que la Cámara le da a todas las Comisiones Especiales, es decir 26 mil pesos mensuales y una caja chica de 9 mil pesos al mes, lo que nos da un total de 35 mil pesos para realizar eventos y gastos de oficina».
Incháustegui Romero, atribuyó el hecho de no tener recursos a que ésta es una Comisión Especial, por lo que durante la discusión del paquete económico, para este año, «aún no estaba confirmada su existencia y por eso no se le tomó en cuenta».
Afirmó que «hay comisiones de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, según la prioridad que le dan los líderes políticos a cada una de ellas; y para ellos la Comisión de Feminicidios no es prioritaria».
Cabe destacar que tan sólo de agosto a diciembre de 2008 ocurrieron en 12 estados del país, 264 asesinatos dolosos de mujeres, según documentó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Para el 2009, año en que la Comisión fue presidida por María Sofía Castro Romero, y posteriormente, por Violeta del Pilar Lagunes Viveros, ambas del Partido Acción Nacional (PAN), se le asignaron en el Ramo 01 Poder Legislativo, aproximadamente 12 millones de pesos para su trabajo legislativo.
Lo anterior se desprende del «Anexo 9A Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género»; en el cual, el Ramo 01 Poder Legislativo, se le asignaron 25 millones de pesos, que serían ejercidos por la Comisión Especial de Feminicidios, la Comisión de Equidad y Género, y para actividades derivadas del Trabajo Legislativo.
Sin embargo, para el ejercicio de este año, en el Presupuesto Etiquetado (PE), elaborado por las legisladoras integrantes de la Comisión de Equidad y Género, al Ramo 01 Poder Legislativo, no se le asignó ni un solo peso.
La también secretaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, señaló que para poder dar cumplimiento al programa de trabajo de la Comisión de Feminicidios, instalada el 16 de febrero de 2010, las 16 diputadas integrantes, deberán hacer un gran trabajo, durante el siguiente periodo de sesiones, para lograr que se etiqueten recursos y poder llevar a cabo a cabalidad el programa de trabajo.
El PE, son recursos específicos cuyo único uso es el señalado en la «etiqueta». Son «útiles porque buscan reducir la discriminación» en contra de las mujeres, señala el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en el texto «La experiencia. LIX Legislatura de la Cámara de Diputados en materia de Presupuesto Pro equidad de Género», elaborado en 2007.
Los gastos para la equidad de género no constituyen ni el 0.05 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, ni el 0.02 por ciento del gasto programable, mientras que el «desgaste para su negociación y seguimiento es enorme», dice el texto.
«GONZÁLEZ Y OTRAS VS. MÉXICO»
Teresa Incháustegui Romero, precisó que parte del programa de trabajo de la Comisión que preside, tiene como base la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el Caso González y otras vs. México, conocido como «Campo Algodonero», en el cual se responsabiliza al Estado mexicano de violaciones a los derechos humanos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, víctimas de feminicidio cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.
Detalló que al ser la sentencia contra el Estado, al Congreso le toca hacer su parte, «en cumplimiento de ella en la legislatura tenemos que ver lo referente a la actualización de la información y los datos sobre el número de homicidios y desapariciones de niñas y mujeres en el país, así como de las características y causas»
Así como, hacer efectiva la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tipificar el feminicidio como un tipo penal específico.
Precisó que en este trabajo legislativo, también hay que recuperar el diagnóstico de feminicidio, para obtener el mapa general y saber de manera precisa en dónde y cuántos homicidios dolosos en contra de mujeres se están cometiendo estado por estado.
«Hasta el momento no sabemos nada, la Secretaría de Gobernación (SG) no ha entregado los resultados del diagnóstico que inició en 2008, sin embargo ya le enviamos a través de la Mesa Directiva la exigencia de que nos entregue dichos resultados» aseveró.
Al diagnóstico que la SG tiene que elaborar cada dos años, se suma otro que propuso ella la semana pasada, a través de un punto de acuerdo que requiere a la SG llevar y difundir un registro exacto y regular de civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico, indicando edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos, subrayó la legisladora.
En su programa de trabajo, aprobado por la Cámara de Diputados, la Comisión Especial señala que fue durante la LVIII Legislatura (2000-2003), que se creó por primera vez la Comisión Especial para el Seguimiento de las Investigaciones de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y esta decisión del legislativo se ha venido repitiendo en las subsecuentes legislaturas LIX, LX y LXI.
Explicó que la permanencia de la Comisión en las legislaturas pasadas se debe a que, «la violencia feminicida en contra de las mujeres no ha cejado».
También se debe, dijo, a que «las acciones de las autoridades responsables de esclarecer las desapariciones y asesinatos de las mujeres; atrapar y castigar a los culpables, y reparar las injusticias cometidas en contra de las víctimas y de sus familiares, no han sido satisfactorias».
10/GTR/LR/LGL
