México, clasificado como un país de origen, destino y tránsito de trata de personas, cuenta con una Ley en la materia desde 2007; sin embargo, pocos son los resultados de una ley que carece de recursos y de prioridad.
El gobierno mexicano, bajo la presión de organizaciones civiles, aprobó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la trata de personas en 2007 y con dos años de retraso publicó su reglamento en el Diario Oficial de la Federación, en febrero de este año.
A mayo de 2009, 22 entidades federativas y el Distrito Federal han promulgado su legislación para sancionar algunas formas de trata a nivel local.
No obstante, la reciente Ley ha sido criticada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe de este año, ya que señala que han sido pocos los resultados y ésta tiene varias carencias; la principal, señala, es la falta de recursos gubernamentales, ya que no es un tema prioritario para el gobierno mexicano, que ha centrado su atención en «la lucha contra el crimen organizado» y la seguridad, lo que ha obstruido las investigaciones contra la trata de personas.
La falta de sentencias o castigos severos contra los tratantes de personas, así como la incapacidad del gobierno para abrir refugios para las víctimas de este delito –quienes continúan siendo canalizadas a las ONG que trabajan el tema–, son otras críticas que hace a la Ley.
Dice también que mientras los grupos del crimen organizado continúen con la trata de personas dentro de su espectro de actividades ilícitas, la lucha del gobierno contra éste deberá incluirla.
DESTINOS Y FORMAS DE TRATA
El Departamento de Estado explica que las redes de tratantes llevan a las niñas y mujeres mexicanas a Estados Unidos para su explotación sexual comercial.
En cuanto a las víctimas provenientes de Sudamérica, el Caribe, Europa oriental y Asia, son traídas al país para explotación sexual o laboral o para su posterior tránsito hacia Estados Unidos, mientras que los niños y los hombres mexicanos son llevados del sur al norte de México para labores forzadas.
La Iniciativa para el Estado de Derecho de la Asociación de la Barra de Estados Unidos, que este año presentó su informe «Instrumento para el Estudio de las Condiciones de la Trata de Personas en México 2009», detectó 47 grupos de delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual y laboral.
Grupos que operan sobre todo en el Distrito Federal y en 17 entidades de la República, como Baja California, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco, las cuatro primeras consideradas como de «turismo sexual» por ser lugares con destino de playa.
Datos oficiales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reportan la presencia de 14 bandas del crimen organizado en Guerrero.
MODUS OPERANDI
Diversas organizaciones civiles que trabajan el tema como Sin Fronteras IAP, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés y Casa Alianza, entre otras, presentaron en 2005 el informe sobre trata de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde explican la forma de operar de los tratantes.
En el negocio de la trata, dice el documento, intervienen varias personas o grupos, como novios, amigos, maridos, familiares, docentes, líderes comunitarios, redes pequeñas y grandes del crimen organizado, funcionarios públicos, diplomáticos, falsificadores y agencias de viajes y de trabajo, entre otros.
Existen los llamados reclutadores, que identifican a la víctima para secuestro o engaño; los transportistas, que establecen acuerdos monetarios con algunos conductores de camiones de carga para que los pasen escondidos.
También están las personas que trasladan, quienes aprovechan los puntos fronterizos para pasarlos, así como los receptores, que son quienes reciben a las víctimas para obligarlos a prestar trabajos y servicios forzados.
En el negocio también intervienen los falsificadores de documentos, que aprovechan la presencia de autoridades migratorias corruptas para falsificar los documentos y legitimar los permisos de identidades.
LEGISLACIÓN MEXICANA
En México, la Ley contra la trata de personas sanciona este delito con una pena que va de los 6 a los 12 años de prisión, misma que puede aumentar de acuerdo con la edad de la víctima. En el caso de menores de edad la condena es de 9 a 18 años de prisión.
Si el acusado es funcionario público, las penas aumentan un 50 por ciento.
Para que una persona sea considerada víctima de trata debe presentar cargos contra los victimarios, de otro modo no son considerados como tal y, por tanto, no se les brinda la atención adecuada.
GRANDE PROBLEMA, POCOS RESULTADOS
Una instancia creada por el gobierno federal para combatir el problema es la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), que lleva los casos federales en coordinación con la SIEDO.
La extitular de la instancia, Guadalupe Morfín Otero, señaló en su primer informe de labores que se abrieron 24 investigaciones por trata de personas, incluyendo 11 casos de explotación sexual comercial.
El año pasado, tan sólo en Chihuahua, entidad conocida internacionalmente por el feminicidio que ha cobrado la vida de más de 400 mujeres de 1993 a la fecha y más de 4 mil desaparecidas, se abrieron nueve casos de trata de personas, dos de ellos esperan fecha de juicio y siete continúan bajo investigación.
A fines de 2007, la PGR donó una residencia confiscada a un narcotraficante convicto para ser usada como un refugio para víctimas de trata, con lugar para 22 personas.
Asimismo, la mayoría de los adultos extranjeros víctimas de trata que continúan siendo deportados a sus países de origen en un periodo de 90 días.
Se continuaron emitiendo visas humanitarias renovables de un año para la mayoría de las víctimas extranjeras que ayudaran en la investigación de los tratantes, pero quienes no lo hicieron fueron repatriadas y no fueron elegibles para ayuda o servicios. Durante 2008 sólo tres víctimas recibieron estos beneficios.
En 2008 el gobierno federal identificó a 55 víctimas de trata, de las cuales 28 eran mujeres y 27 hombres para fines de explotación sexual comercial y para trabajo forzado, pero a la fecha, ninguno ha sido consignado.
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