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Optimistas, mujeres vigilarán Consenso de Montevideo

Por Anaiz Zamora Márquez

América Latina (AL) y el Caribe ha avanzado en el reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, logro influenciado en gran medida por el movimiento feminista que ha impulsado que los Estados se comprometan a ello, y que sigue enfrentando los grandes desafíos de la región.
 
En 2013 en Montevideo, capital de Uruguay, se realizó la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de AL y el Caribe, que contó con la participación activa del movimiento regional de mujeres y cerró con un pacto en el que todas las delegaciones oficiales se comprometieron a promover el desarrollo de la región, poniendo en el centro los derechos de las personas y en especial de las mujeres.
 
A dos años de distancia, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el gobierno de México, a través del Consejo Nacional de Población (Conapo), se realizó en esta capital la Segunda Reunión de la Conferencia Regional, en la que las naciones adoptaron la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo, una hoja de ruta que permitirá a los Estados traducir el acuerdo regional en más derechos para las mujeres.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Paulo Saad, jefe del área de Población y Desarrollo de la División de Población de la Cepal, recordó que el Consenso de Montevideo es el instrumento regional que da seguimiento a los objetivos planteados a nivel global en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo, Egipto, en 1994, y en la que se acordó por primera vez que los derechos reproductivos son DH.
 
“A nivel internacional es el documento más avanzado porque hay varios puntos que suplantan lo que teníamos en El Cairo, e incluso  avanza un poco más; por ejemplo en el caso específico de los derechos sexuales que no estaban reconocidos explícitamente; se intentó que así se reconocieran a nivel mundial (durante la Asamblea General de la ONU en la que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible), pero ninguna otra región se atrevió a dar ese paso”, recalcó. 
 
Saad explicó que para la Cepal no fue suficiente con el compromiso de las naciones, pues el gran reto del acuerdo regional era su implementación, es así que la Mesa Directiva del organismo “vio la necesidad de operacionalizar las medidas del Consenso de Montevideo”.
 
COMPROMISOS
 
El Consenso acuerda medidas a implementar por las naciones en nueve ejes prioritarios: integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto a los DH; derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de la infancia, adolescencia y juventud; envejecimiento; acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva; igualdad de género; protección de personas migrantes; desigualdad territorial; y pueblos indígenas y afrodescendientes.
 
Al recordar que el Consenso es un plan que busca mejorar la calidad de vida de las personas, Saad relató que se trabajó en conjunto con la academia y la sociedad civil para definir las líneas de acción, metas e indicadores que componen la Guía, misma que debe ser aterrizada por cada nación.
 
Al igual que en 2013, las negociaciones de los Estados en esta ocasión fueron vigiladas de cerca por el movimiento feminista (incluso algunas delegaciones nacionales integraron oficialmente  a representantes de grupos civiles de mujeres).
 
Con la asistencia de más de 200 mujeres de la región se organizó un Foro Social en el que además de fijarse una postura ante la resolución final, se anunció que el monitoreo del acuerdo no dejará de ser una prioridad de las organizaciones ciudadanas. 
 
María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), aseguró para Cimacnoticias que el Consenso es la herramienta más importante que tiene el movimiento feminista y de mujeres, especialmente quienes están interesadas en el avance de los derechos sexuales y reproductivos, por lo que desde la sociedad civil se hicieron observaciones a la Guía Operacional al mismo tiempo que se han creado mecanismos ciudadanos de rendición de cuentas.
 
Cabe mencionar que con el Consenso, los países se comprometieron a “garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de mujeres y hombres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad”.
 
En ese sentido, mediante su posicionamiento las feministas aseguraron que “los derechos sexuales y los derechos reproductivos siguen sojuzgados. Las mujeres siguen siendo violentadas por el ejercicio de su sexualidad, siguen enfermando y muriendo a causa de los abortos inseguros; las que viven con VIH y las indígenas siguen siendo esterilizadas en contra de su voluntad. No se ha garantizado el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, ni a la educación integral de la sexualidad”.
 
Aidé García, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de CDD, contó que la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir participó en la elaboración de una herramienta de monitoreo social, para la implementación del Consenso de Montevideo que está en etapa inicial.
 
Lo que se busca en primer lugar es identificar claramente cuáles son las instituciones a nivel nacional involucradas en la implementación del acuerdo, y asegurarse de que éstas tengan claro cuáles son los indicadores a los que deben dar cumplimiento.
 
“Un paso importante fue la aprobación, pero es una Guía con demasiados indicadores; lo que sigue es priorizar cuáles son los indicadores que debe cumplir cada nación; por ejemplo, para el caso de México muchos ya son política pública y tendremos que centrarnos en los puntos que aún están débiles”, acotó.
 
JÓVENES E INDÍGENAS, PRIORIDAD
 
Además de los derechos sexuales y reproductivos, otro punto de interés para la Cepal y el movimiento de mujeres es incorporar las necesidades, visión y capacidades de la juventud, ya que de los 630 millones de habitantes de la región, casi 52 por ciento son personas menores de 29 años, y dentro de este grupo etario, las y los adolescentes de 10 a 19 años suman 112 millones.
 
Cerca de 30 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años (22 por ciento del total) no estudian, ni tienen un empleo remunerado, y de este total, 70 por ciento son mujeres en su mayoría de sectores urbanos.
 
Libertad Enríquez Abad, coordinadora del Programa de Jóvenes de Salud Integral para la Mujer (Sipam), señaló que el Consenso de Montevideo es para las juventudes “una oportunidad y una hoja de ruta para colocar temas emergentes que no formaron parte de la agenda de El Cairo, y que el movimiento feminista ha colocado en el ámbito internacional”.
 
Ello porque el documento menciona que los Estados reconocen la diversidad que existe en la orientación e identidad de género: “Las juventudes son diversas y una sola dimensión de sus identidad no basta para hacer un análisis ni tampoco políticas públicas”.
 
Destacó que la Guía Operacional hace una buena propuesta, y ahora lo que corresponde es lograr la creación de indicadores lo suficientemente amplios y participativos en los que pueda ser escuchada directamente la voz de las y los jóvenes.
 
En ello coincidió Angélica Agustín Diego, joven purépecha e integrante de la Red Jinaco, quien aseguró que el acuerdo regional y su Guía de implementación abre el camino a las y los jóvenes indígenas que han sido siempre olvidados por las políticas públicas. “Para nosotros significa una plataforma para sostener nuestro trabajo” y exigir los cambios que se requieren, destacó.
 
En ese sentido, confió en que los países de la región acojan lo sugerido por el documento y comiencen con la asignación de recursos específicos, toda vez que la Guía representa “el paso y ese camino que tanto hemos intentado abrir para que se nos asignen recursos específicos, para impulsar el desarrollo de las y los jóvenes indígenas”.
 
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