Agrupaciones de la sociedad civil y de defensoras de Derechos Humanos hicieron un llamado urgente al gobierno de Guatemala de revocar su decisión de ordenar la salida de personas expertas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del país.
El día de ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano dio a conocer que no se les renovó su visa de cortesía, acreditación diplomática y se les retiró la inmunidad a once colaboradoras y colaboradores de la CICIG, y que ordenó a diez de ellos salir del país en las próximas 72 horas, y en caso de incumplimiento, se procederá a su expulsión.
En un comunicado, la CICIG descalificó la decisión y argumentó que carece de fundamento legal, “y por lo tanto, es arbitraria.” La información, publicada en el Diario oficial, “no corresponde a las vías diplomáticas de comunicación previstas”, y no se ajustaría al debido proceso.
El Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, advirtió que los señalamientos del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, quien calificó a integrantes del CICIG como “terroristas”, serían “absolutamente falsas”, y que las vías adoptadas constituirían un “atentado al Estado de Derecho y podrían significar el preludio de acciones de fuerza contra los funcionarios de la CICIG.”
El mismo Comisionado ha sido atacado varias veces, en agosto de 2017, el presidente Morales declaró al colombiano “non grato” y lo quiso expulsar del país, aunque la Corte de Constitucionalidad guatemalteca suspendió la decisión. El 31 de agosto de este año, Morales anunció de manera unilateral que no renovaría el mandato de CICIG, y que por ende, la Comisión cesaba funciones el 3 de septiembre de 2019.
El objetivo de la CICIG es apoyar y fortalecer a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs), grupos criminales que han infiltrado las instituciones estatales fomentando la impunidad y socavando los logros democráticos alcanzados en Guatemala desde el final del conflicto armado interno.
La CICIG ha jugado un papel importante en las investigaciones sobre la violación de Derechos Humanos en otros países como México donde participó en el caso del Campo Algodonero. Personas expertas en peritajes de la Comisión formaron parte del equipo que investigó las fallas en la investigación de la muerte de 14 mujeres en Ciudad Juárez, luego de la sentencia emitida en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano.
La comisión fue creada en 2007 por un Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. Desde entonces, ha empujado más de 80 casos de corrupción y otros delitos, donde altos funcionarios y funcionarias del Estado se ven involucradas. Uno de ellos, el “Caso Línea”, implicó al expresidente de la República, Otto Pérez Molina, y llevó a la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, a renunciar en mayo de 2015.
El 25 de agosto de 2017, el Comisionado Velásquez junto a la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, demandó retirar la inmunidad al Presidente por estar involucrado en un caso de corrupción en el que se le acusa del delito de financiamiento electoral ilícito.
Tres días después, Morales intentó expulsarlo. En el comunicado que la CICIG publicó hoy, señala que “los funcionarios internacionales involucrados son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala. La medida busca afectar la independencia en su trabajo contra los CIACS, sea en la investigaciones o varios litigios en curso; además de constituirse en una oportunidad de eventual persecución penal contra los funcionarios.”
La organización Red Mesoamericana de Mujeres Defensoras hizo un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con la CICIG y se mantenga al pendiente de la situación. Calificó la acción como arbitraria y un ataque contra una instancia fundamental para combatir la corrupción, al mismo tiempo que exigió la inmediata suspensión de las órdenes de expulsión.
El procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, Jordán Rodas, aseguró que el gobierno hostiga a la CICIG y atenta al Estado de Derecho. Exigió al gobierno que dé “marcha atrás a esta decisión” y pidió a la comunidad internacional y a la sociedad guatemalteca que “no se deje engañar”.
Mientras tanto, agrupaciones de la sociedad civil en Guatemala ofrecieron hoy una conferencia de prensa enfrente de la Corte de Constitucionalidad, en la cual pidieron se abran procesos legales contra Morales, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y la canciller Sandra Jovel.
Las decisiones del gobierno reflejarían que “se está buscando desmantelar la capacidad investigativa de la Comisión y cubrir con el manto de impunidad a los corruptos e integrantes del crimen organizado”, dijeron.
Las organizaciones dieron a conocer que las y los trabajadores de la CICIG presentaron una apelación de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y que también existe una solicitud de declarar en desobediencia a la canciller Sandra Jovel. Pidieron a la sociedad guatemalteca permanecer alerta y expresar su inconformidad ante los acontecimientos.
SG/LGL
