El Comité de Naciones Unidas a cargo de la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales Culturales (PIDESC), recomendó al Estado peruano garantizar a sus ciudadanas el acceso al aborto terapéutico y a la anticoncepción de emergencia.
El comité también llamó a Perú a investigar todos los casos de esterilización forzada y disminuir el embarazo en adolescentes, entre otras recomendaciones, señalaron en un comunicado organizaciones promotoras de los derechos sexuales y reproductivos del país andino.
El pasado 2 y 3 de mayo en Ginebra, Suiza, el comité evaluó el cumplimiento del PIDESC por parte del Estado peruano. El análisis midió el acceso de la población al trabajo, educación y salud, particularmente la salud sexual y reproductiva.
Respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, las y los expertos del comité refirieron la necesidad de un protocolo nacional para realizar el aborto terapéutico, el cual es legal desde 1924, dijeron las organizaciones Manuela Ramos y el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, entre otras.
El grupo de especialistas recomendó a Perú asegurar la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, los cuales incluyen la dotación de la anticoncepción oral de emergencia, y la atención médica de calidad durante el parto, sobre todo en zonas rurales.
También le recomendó despenalizar el aborto en casos de violación y las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes. De igual modo, el Comité del PIDESC llamó al Estado peruano a reducir la alta tasa de embarazos en adolescentes.
En Perú el embarazo en adolescentes aumentó de 12.2 a 13.7 por ciento de 2006 a 2009, concentrándose sobre todo en las zonas rurales y de mayor pobreza, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes).
Según cálculos del Ministerio de Salud del país sudamericano, cada año se registran más de 115 mil embarazos en este grupo de edad.
Por otra parte, el comité recomendó garantizar el acceso a la justicia y reparación del daño para las mujeres víctimas de esterilización forzada.
Cabe recordar que en la década de los 90, el gobierno de Alberto Fujimori lanzó un programa de planificación para el control de la natalidad, que incluía el acceso a diversos métodos anticonceptivos, entre ellos la esterilización quirúrgica voluntaria a fin de reducir la tasa de fecundidad a 2.5 hijos por mujer en una década.
Como resultado de esta política se realizaron 250 mil esterilizaciones forzadas, sobre todo a mujeres pobres de zonas rurales, aunque los hombres también estaban incluidos en el programa.
La mayor parte de los procedimientos se realizaron sin la autorización de las peruanas, según han documentado diversas organizaciones.
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