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Ordenan detener a violador de mujer con retraso mental

Por Silvia Magally

El procurador de Justicia del estado de Guanajuato, Miguel Valadez, giró orden de aprehensión contra Ernesto Martínez, presunto violador de una mujer con retraso mental llamada Sandra, informaron hoy grupos civiles defensores de los derechos femeninos.

Tras la clausura simbólica de la Procuraduría de Justicia estatal ubicada en la ciudad de León, por un grupo de mujeres organizadas en protesta por la falta de justicia en el caso de Sandra, el procurador reconoció la dilación de las autoridades, admitió su responsabilidad y se disculpó ante las activistas.

El procurador se comprometió a impulsar de manera conjunta con las activistas las reformas al Código de Procedimiento Penales en la entidad, ubicada en el centro del país, que garanticen el aborto a las mujeres en los casos permitidos por ley, como es la violación.

Luego del acto de protesta representantes del grupo civil Milenio Feminista fueron recibidas por el funcionario, quien se excusó por la actuación de las autoridades judiciales quienes incumplieron con sus obligaciones, lo que permitió la fuga del violador y la continuación del embarazo de la mujer de 30 años, quien tiene cinco meses de gestación.

Las activistas Malú Micher y Verónica Cruz pidieron al procurador la destitución de María del Rocío Mayo, agente del Ministerio Público número tres especializada en Delitos Sexuales, quien negó a Sandra la orden judicial de interrupción del embarazo como resultado de la violación.

También exigieron la destitución de Cecilia Cermeño, directora de Atención a Víctimas quien, aseguraron, tiene responsabilidad en el caso y anunciaron que procederán penalmente contra ambas.

Durante la entrevista, el procurador ofreció a las activistas atención médica para Sandra hasta el momento del parto y anunció que este miércoles se reunirán con el secretario de Salud en la entidad, Héctor Jaime, para garantizar a la víctima los servicios médicos.

Verónica Cruz informó a esta agencia de noticias que la atención médica integral de Sandra –no sólo psicológica—es vital para la futura madre dada su condición, ya que además presenta un estado avanzado de desnutrición y tifoidea.

Detalló que el caso de Sandra podría ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde ya se encuentra el caso de Paulina, menor indígena de Mexicali, Baja California (norte) a quien las autoridades estatales negaron el derecho a ejercer el aborto legal en 1999.

Durante la reunión de esta mañana, las mujeres organizadas también exigieron al procurador el esclarecimiento de más de una veintena de asesinatos de mujeres en la entidad, ocurridos desde el pasado mes de agosto, 10 de ellos en León.

En respuesta el procurador aseguró que a la fecha han sido consignadas tres personas implicadas en dos asesinatos de mujeres.

2003/SM/MEL

       
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