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Organismo internacional insta al Estado mexicano a ser justo

Por Redaccion

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) manifestó su “seria preocupación” por el riesgo de que se dicte una sentencia de 40 años de prisión a las otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, quienes llevan más de tres años recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto en Querétaro, acusadas del presunto secuestro de seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

En un comunicado de prensa, el Secretariado de la OMCT, solicitó a las autoridades estatales y federales de México que tengan en cuenta “las graves irregularidades que obran en la acusación y los argumentos de la defensa de Teresa y Alberta” y que analicen el caso con “independencia e imparcialidad” para que así se les respeten los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna y en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano.

La postura de la OMCT, creada en 1986 y reconocida como la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la tortura, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, con sede en Ginebra, Suiza, se derivó de la información que le envió el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), asociación civil que coadyuva con la defensa legal de ambas mujeres.

El Prodh informó del caso a la OMCT para que interviniera ante las autoridades mexicanas, pues el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Procuraduría General de la República (PGR) dictó conclusiones acusatorias para Teresa y Alberta a pesar de que las pruebas, que presentó la defensa a cargo del abogado Leonides Ortiz Castillo, demuestran su inocencia.

El Secretariado de la OMCT instó a la ciudadanía mexicana escribir cartas al presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a Fernando Gómez-Mont, secretario de Gobernación (SEGOB) así como a los titulares de Asuntos Jurídicos y de Promoción de Derechos Humanos de de la misma instancia y a Raúl Plascencia Villanueva, Ombudsman nacional, así como a las y los representantes diplomáticos de México en el mundo, para pedirles que analicen “de manera exhaustiva” el caso para resolverlo con base en la verdad y en aras de la justicia.

En las cartas se les solicitará “una reparación integral del daño que incluya una adecuada rehabilitación y compensación” y así conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, ratificados por México como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará).

FUTURO JURÍDICO INJUSTO

El secretariado de la OMCT alertó que la libertad de Teresa y Alberta haya quedado en manos del juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien ya en el pasado dictó sentencia condenatoria en contra de las ellas y de Jacinta Francisco Marcial, e hizo “caso omiso a las irregularidades patentes en la acusación”.

También recordó ellas son mujeres en situación de exclusión y que se encuentran privadas de su libertad desde agosto de 2006 a pesar de que fueron aprehendidas por ser señaladas y acusadas falsamente como responsables del secuestro de seis elementos de la AFI, delito que dice, nunca existió.

Cabe recordar que la acusación contra ellas se derivó de los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006, cuando los AFI pretendieron decomisar “ilegalmente” la mercancía de algunos tianguistas en la comunidad indígena ñhañhú (otomí), en el mercado de Santiago Mexquititlán, lo que generó la inconformidad de los vendedores.

Según el OMTC, y derivado del análisis de la información que le envió el Prodh “no existen elementos de prueba que logren acreditar el delito de secuestro” y “mucho menos la probable responsabilidad de Alberta y Teresa” pues se les acusa por los mismos hechos, circunstancias y elementos de prueba que a Jacinta, quien recuperó su libertad en septiembre pasado.

Consideró que las conclusiones acusatorias contra estas dos mujeres aún presas por un delito que no cometieron “expresarían la reiterada intención de la PGR de mantenerlas en prisión como represalia en contra de los comerciantes que se defendieron de los abusos cometidos por los agentes en marzo de 2006, en particular porque fueron ellas quienes les exigieron que se identificaran cuando éstos empezaron a despojar violentamente de su mercancía a la gente”.

09/PRA/LGL

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