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Organismos de derechos humanos presentaron denuncia contra autoridades de Ixtlán

Por la Redacción

Dos organismos civiles nacionales y uno internacional denunciaron ayer ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al presidente municipal de Tanetze de Zaragoza, a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y al delegado de Gobierno en Ixtlán de Juárez como cómplices en la violación a las garantías de los 46 indígenas que fueron secuestrados en esa comunidad hace diez días.

Los centros de derechos humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Prodh) y Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), organismos nacionales con oficinas en Oaxaca, así como el alemán Jóvenes por los Derechos Humanos, solicitaron la acción urgente de la instancia internacional para garantizar la seguridad en la zona, dado que existen amenazas de muerte contra los indígenas agredidos, reporta el día de hoy el diario local Tiempo.

La denuncia fue enviada a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Mary Robinson; el relator especial contra la Tortura, Nigel Rodley, y a la responsable del Grupo de Trabajo de Poblaciones Indígenas, Erika Irene Daes, todas instancias intergubernamentales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como al organismo civil Amnistía Internacional.

A nombre de los organismos civiles, la secretaria técnica de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH), Alicia Mesa Bribiesca, explicó en rueda de prensa que el presidente municipal, síndicos y policías de Tanetze de Zaragoza incitaron a la violencia, el secuestro, la amenaza y tortura psicológica contra los simpatizantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM).

Posteriormente, agregó, las instancias del gobierno del estado se convirtieron en cómplices de dichas violaciones al justificar los actos de las autoridades municipales, a quienes dejaron libres pese a que la privación ilegal de la libertad y la tortura son delitos graves, y además la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la delegación local avalaron con su firma un documento en el que los secuestrados renunciaban a sus derechos legales como agraviados.

Con ello, agregó, esas instancias cometieron una nueva violación a los derechos humanos de los indígenas, en lo que respecta a sus garantías de seguridad jurídica.

En cuanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Mesa Bribiesca señaló que junto con las otras instancias gubernamentales “en vez de actuar conforme a la ley decidió hacer un papel de mediador con el fin de llegar a la conciliación”, sin tomar en cuenta que el diálogo se hace cuando existe la igualdad de condiciones entre las partes, sin ningún tipo de coacción, lo que no sucedió en el conflicto suscitado en Tanetze de Zaragoza.

En cambio, indicó, los indígenas del CIPO-RFM fueron privados de su libertad, amenazados, torturados psicológicamente y, en consecuencia, obligados a firmar un convenio bajo presión.

Explicó que la denuncia también fue enviada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a que está involucrada la CEDH, lo que imposibilita a ésta para conocer del caso. Lo que pretenden las organizaciones denunciantes, dijo, es que los indígenas tengan la garantía de que no serán vulnerados nuevamente y que la agresión no quede en la impunidad.

       
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