Organizaciones civiles piden desechar iniciativa regresiva de DH

Un grupo de organizaciones civiles, activistas y académicos pidieron al diputado priísta Francisco Agustín Arroyo Vieyra que deseche la iniciativa que pone en peligro los avances logrados con la reforma constitucional de Derechos Humanos (DH) de 2011.
 
En una carta dirigida a Arroyo Vieyra, presidente de la Cámara de Diputados, las y los firmantes rechazaron la iniciativa priista presentada el 3 de enero ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que pretende modificar el artículo primero constitucional por considerar que ésta debilitaría la democracia.
 
Académicos como Santiago Corcuera, Miguel Carbonell, Pedro Salazar Ugarte y activistas como Clara Jusidman y Mariclaire Acosta, entre otros, consideraron que la propuesta de Arroyo Vieyra va en contra del principio constitucional de progresividad de los DH que actualmente existe en la Carta Magna.
 
En la misiva se expone que la iniciativa priista carece de una finalidad concreta y se indica que de ser aprobada implicaría un retroceso en la materia porque sólo existirán los derechos reconocidos textualmente en la Constitución.
 
Para organizaciones como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Instituto para la Seguridad y la Democracia y Hacia una Cultura Democrática, entre otras, la iniciativa debe rechazarse.
 
Ante esto, las organizaciones detallaron al legislador las bondades de la reforma publicada el 11 de junio de 2011 que, según afirmaron, cambió el paradigma de los DH al incorporar al texto constitucional una serie de reglas y criterios de interpretación, a los que hoy se les pretende dar marcha atrás.
 
Según los argumentos expuestos en la carta, la redacción del actual artículo primero refuerza el carácter garantista de la Constitución y amplía de forma importante el catálogo de DH, ya que reconoce los derechos establecidos en tratados internacionales.
 
Señalaron que actualmente se debe realizar una interpretación armónica de los DH contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales y en consecuencia se debe priorizar la norma que contenga una protección más amplia.
 
Agregaron que el hecho de que no exista una jerarquía entre la Constitución y los tratados internacionales implica una garantía frente a normas regresivas que limiten injustificadamente derechos.
 
Sin embargo, aclararon que la reciente modificación al artículo primero de la Constitución no la hace perder su supremacía, ni tampoco significa que existan derechos absolutos, por lo que llamaron a no dar continuidad a la iniciativa que fue turnada a la Cámara de Diputados.
 
13/AGM/LGL