Ante la falta de cifras confiables sobre el delito de trata y tráfico de personas, en el II Congreso latinoamericano contra este delito, celebrado en septiembre en Puebla, se acordó la creación del Observatorio Latinoamericano, con lo que en cada país de la región operará un capítulo de éste, conformado por la academia y organizaciones civiles.
El observatorio, sistematizará número de consignaciones, de detenciones, de víctimas atendidas, impulsará avances legislativos y de tipificación de los delitos, entre otros indicadores, afirmó Oscar Castro, secretario del congreso.
Igualmente, se creará una página de Internet, que permita a las autoridades estar informadas de lo que la sociedad civil observa y no sólo estén pendientes de la calificación que emite anualmente el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, de sus gobiernos.
Al analizar los avances y retrocesos en la legislación y tipificación del delito de trata, Teresa Ulloa Ziaurriz, directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, AC (CATWLAC), destacó que prevalece la necesidad de armonizar el delito de trata con los demás tipos penales denominados delitos conexos.
«Todavía no se acaba de comprender a cabalidad lo qué es la trata, que tiene un fuerte sesgo de violencia de género y si las leyes, las políticas públicas y los planes no se elaboran género-sensitivas no tienen ningún impacto», afirmó.
La diputada argentina Fernanda Gil Lozano, dijo a Cimacnoticias que la ley de su país «no sirve, pues el texto tiene carencias, omisiones y confusiones definitorias que dificultan el combate a este delito, la prevención del mismo, así como la protección y la asistencia que requieren las víctimas y potenciales víctimas».
Precisó que la ley contiene tres problemas, el primero se relaciona con la definición del tipo penal, el segundo a la escala de penas previstas para sancionar la comisión del delito y el tercero con las medidas propuestas para asistir y proteger a las víctimas.
Más que luchar contra la trata, aseveró, termina legitimándola y este delito se constituye en «la expresión más brutal de la mercantilización de la vida, al transformarla en una cosa destinada a valorizarse en el mercado», abundó.
A su vez, Mesadieu Guylande, directora en Haití de la CATWLAC, denunció que la falta de aplicación de la ley que combate la migración, el tráfico y trata de personas, es nula en su país.
«El poder judicial no es autónomo, ni independiente, ni fiable, y esta fragilidad de la justicia beneficia a los traficantes», sostuvo.
Detalló que dada la pobreza extrema, la trata de personas se manifiesta a través de aquellas mujeres que se casan sólo para tener una visa de residencia; con las menores de edad que son «adoptadas» ilegalmente.
Los casamientos forzados de niñas, principalmente por cuestiones económicas y la prostitución no revelada, de la que no existen estadísticas oficiales sobre el número de mujeres haitianas y dominicanas que ejercen la prostitución, son los fenómenos que prevalecen.
RUMBO AL 2012
Para Ulloa Ziaurriz, la agenda pendiente está en facilitar la persecución del delito de trata de personas, distribuir competencias y reestablecer los derechos de las víctimas y posibles víctimas, ofendidos y testigos, brindándoles la necesaria protección y asistencia, que hasta el momento no se han previsto en la región.
Es necesario, dijo, que los gobiernos legislen para evitar que «la carga de la puerta» recaiga en la víctima; que reciban igual tratamiento una víctima menor de 18 años o con discapacidad o una mayor de 60, o que pertenezca a un pueblo indígena.
Añadió que el consentimiento otorgado por la víctima, no debe ser causa excluyente de la responsabilidad penal, y es necesario visibilizar y criminalizar la demanda, motor de la trata de personas.
Para Oscar Castro, el acceso a la justicia y la restitución de los derechos a las víctimas, serán los principales ejes de discusión en el III Congreso contra la Trata y Tráfico de Personas a realizarse en Lima, Perú en el 2012.
Información de la CATWLAC, revela que 4 millones de personas cada año son víctimas de esclavitud o servidumbre sexual en todo el mundo, dejando 7 mil millones de dólares de ganancias a proxenetas, contrabandistas y oficiales corruptos de servicios públicos.
Un informe del gobierno español emitido en este 2010 y elaborado con las primeras estadísticas policiales, señala que en ese país existen 6 mil 700 víctimas identificadas, provenientes principalmente de Rumania y Brasil.
De acuerdo con UNICEF, 1.5 millones de niños y adolescentes en el mundo se convierten cada año en víctimas de trata.
Autoridades suecas del Nordic Gender Institute, revelan que a diez años de la promulgación de su ley, el número de clientes de servicios sexuales se ha reducido, del 13.6 por ciento pasó al 7.9 por ciento, resultados obtenidos de una encuesta aplicada a 2 mil 500 personas entre los 18 y 74 años de edad.
Datos de INTERPOL señalan que anualmente 35 mil mujeres colombianas son víctimas de trata.
La asociación civil Casa Alianza – que atiende niñas y niños de la calle, victimas de explotación sexual-, revela que en San José de Costa Rica hay unas 2 mil niñas que trabajan en la prostitución, muchas de ellas migrantes.
EL MODELO SUECO
Luego de que se expuso en el Congreso la ley sueca (1999), que sanciona a quien compra sexo porque con ello «apoya al crimen organizado y hacen posible y lucrativa la trata», Oscar Castro opinó que este modelo funcionaría en AL si los Estados garantizaran que las mujeres no fueran criminalizadas, y les ofrecieran verdaderas alternativas de empleo y vida digna.
La problemática es muy compleja en ese sentido, afirmó, pues no se trata únicamente de penalizar a los tratantes y a los clientes, sino que también es necesario que las autoridades ofrezcan alternativas reales a las mujeres y protección de su integridad física y psicológica.
Hay que reconocer, dijo, que en los países latinoamericanos la problemática que enfrentan es muy compleja, «con altos índices de población, diversidad de personas con diferentes estratos económicos que pueden ser considerados consumidores y la mayor parte de las mujeres que en situación de prostitución no tienen alternativas reales de empleo y vida digna».
Ulloa Ziaurriz, de la CATWLAC, lamentó que en las legislaciones latinoamericanas prevalezca la ausencia de propuestas o consideraciones de la sanción al consumo o demanda de la industria del sexo.
Por lo tanto dijo, que en la mesa de trabajos de reforma a la Ley de Trata en México, que actualmente se desarrolla con las y los diputados federales, se insistirá en la necesidad de analizar la ley sueca que incluye una política transversal de igualdad de género y devela el papel de la demanda como detonante de la trata de personas.
Sugirió que los gobiernos de AL y el Caribe deben enfrentar la problemática con políticas públicas coherentes y consistentes, además de considerar para obtener mejores resultados, el papel que juegan las redes de complicidad entre el crimen organizado –nacional y transnacional- con el poder político y económico y la corrupción.
«En suma, debe existir voluntad política, presupuesto y planeación armonizada con los procesos legislativos», concluyó.
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