El hostigamiento, amenazas y violencia contra las defensoras de Derechos Humanos (DH) en México, tiene como objetivo obligarlas a renunciar a su tarea humanitaria, según se desprende de un diagnóstico sobre los riesgos que afrontan las activistas en el ejercicio de su labor.
«En algunas ocasiones, las agresiones logran su cometido y las defensoras dejan completamente su trabajo o sus organizaciones se desintegran», se asienta en el estudio «Defensoras de Derechos Humanos en México; diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones y riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo».
La investigación realizada por las organizaciones civiles Red Mesa de Mujeres, Asociadas por lo Justo, y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, establece que el impacto de esta violencia no sólo las afecta a ellas, si no también a sus familias y a los movimientos sociales, que ven disminuida su capacidad y condiciones para avanzar en sus agendas y propuestas a favor de los DH.
TEMOR
«Me da mucho miedo, ya no sé hasta donde podemos seguir, sobre todo porque aun cuando sigo en el activismo yo estaba trabajando en un perfil bajo», dijo en entrevista a Cimacnoticias, Norma Andrade, fundadora de «Nuestras Hijas de Regreso a Casa», quien en menos de tres meses ha sufrido dos atentados, y ya anunció que continuará con su activismo desde el exilio.
La dirigente de la organización civil pionera en la investigación de las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, refirió que quienes también están siendo afectados por la violencia en su contra son su nieta de 12 años y su nieto de 11, quienes primero perdieron a su madre y ahora padecen esta situación.
Norma es madre de Lilia Alejandra García, una joven de 17 años (madre de los dos menores de edad) que desapareció el 14 de febrero de 2001 y fue encontrada asesinada y violentada sexualmente el 21 de febrero del mismo año, en un predio de esa localidad fronteriza.
«Estoy tratando de trastocar lo menos que se pueda su entorno, están muy dañados psicológicamente, están tratando de salir adelante», explicó Andrade.
Apenas hace dos meses Norma fue herida de bala en Ciudad Juárez y milagrosamente salvó su vida; el pasado 3 de febrero ante la falta de protección de las autoridades, la activista fue atacada nuevamente por un desconocido ahora en la capital del país.
DAÑO SOCIAL Y EMOCIONAL
El Diagnóstico 2010-2011 señala que 84 por ciento de las defensoras entrevistadas afirmó que uno de los principales impactos que tiene la violencia en su contra es el daño emocional, que surge tanto por el miedo como por la suma de acciones y desgastes que implican defenderse a sí mismas, al tiempo que mantienen su trabajo de defensa y promoción de los DH.
El estudio explica que en casos extremos, la violencia las obliga a desplazamientos forzados y al cambio de residencia, ya sea en otra ciudad del país o incluso del extranjero.
Al respecto, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México señala que de septiembre 2009 a octubre 2010, las y los activistas Silvia Vázquez, Blanca Mesina, Gustavo de la Rosa, Adolfo Guzmán, Margarita Martínez, Rosa Isela Pérez y Obtilia Eugenio Manuel, tuvieron que abandonar sus lugares de residencia.
Norma, al igual que su hija Malú García Andrade y Marisela Ortiz ?también fundadoras de «Nuestras Hijas?»?, ha sido intimidada, perseguida y amenazada de muerte junto con sus familias. Las tres anunciaron que saldrán del país, por lo que la organización operará en el exilio.
En el Diagnóstico 2010-2011 se advierte que cada vez que una organización cierra, o un movimiento se desarticula, se produce un daño mayúsculo en las personas beneficiarias de su trabajo, así como en los procesos democráticos de cada comunidad y del país.
«El trabajo a favor de los DH de las mujeres es un bien social que todavía no se ha valorado en su justa dimensión; no apoyar a las defensoras reproduce la cultura de violencia y discriminación de género», concluye el documento.
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