Pese a que la Secretaría de Gobernación desechó declarar en Alerta de Violencia de Género (AVG) al estado de Puebla, el gobierno local está obligado a cumplir con las 11 conclusiones emitidas por el Grupo de Trabajo y a transparentar las acciones que emprende para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, demandaron organizaciones de la sociedad civil.
El reciente feminicidio de la estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, volvió a demostrar los niveles extremos de violencia que viven las mujeres en Puebla y la pasividad con la que actúan las autoridades respecto a la protección de los Derechos Humanos de las mujeres, denunciaron en un carta pública la Mesa de Seguimiento de la Solicitud de la AVG, conformada por el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, entre otras siete agrupaciones.
La joven de 19 años de edad fue privada de su libertad el pasado 8 de septiembre en el municipio de San Andrés Cholula, cuando abordó un servicio de taxis privado de la empresa Cabify conducido por Ricardo Alexis N. para dirigirse a su domicilio.
Siete días después se encontró asesinada en una barranca colindante con el estado de Tlaxcala con signos de violencia sexual, lo que llevó a mujeres de varios estados a organizarse y marchar de manera simultánea en varias entidades de la República Mexicana.
El feminicidio de Mara Castilla se suma a las 82 mujeres asesinadas en Puebla en lo que va del 2017 de acuerdo con el registro de las organizaciones civiles. No obstante, pese a este contexto la Segob determinó que no había razones para decretar en alerta de género a la entidad, y aún así, las autoridades están obligadas a cumplir con las acciones que se desprenden del mecanismo para asegurar la vida de las mujeres, señalaron las organizaciones.
De especial urgencia el estado de Puebla debe crear el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, el Protocolo para la Investigación, Preparación a Juicio de los Delitos en Materia de Trata de Personas, y la conformación del Banco Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia, así como la profesionalización y sensibilización de sus servidores públicos.
Cabe mencionar que estas acciones gubernamentales se tuvieron que haber cumplido desde que las organizaciones de la sociedad civil solicitaron la AVG en marzo de 2016.
En la carta de las organizaciones dirigida al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad; al Secretario de Gobernación local, Diódoro Carrasco Altamirano; al Fiscal General Víctor Carrancá Bourget; y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos local, Adolfo López Badillo; también exigen el esclarecimiento del feminicidio de Mara Castilla a partir de una investigación con las debidas diligencias, así como la indemnización y reparación integral del daño a la familia de la adolescente.
Por último las agrupaciones hicieron un llamado al gobierno de Antonio Gali a reconocer la problemática de feminicidio que aún permanece invisibilizado, así como respetar a los familiares de las víctimas y garantizar una reparación integral del daño.
SENADO PIDE DECRETAR AVG EN PUEBLA
Al llamado para decretar la AVG en Puebla se sumó el Senado de la República. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron el 25 de septiembre, en el pleno, un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Derechos Humanos estatal a presentar nuevamente la solicitud de la AVG.
También que el gobierno de Puebla rinda un informe de las acciones que realiza y los recursos financieros asignados para prevenir y atender la violencia de género en la entidad, y que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) -dependiente de Segob- envíe un informe sobre el proceso de esta nueva solicitud en caso de aceptarla. El punto de acuerdo se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género.
RETRASAN AUDIENCIA POR FEMINICIDIO DE MARA
En tanto la audiencia para vincular a proceso por el delito de feminicidio y violación a Ricardo N., que se tenía prevista para el pasado 25 de septiembre fue suspendida pues el presunto asesino de Mara Castilla no estaba presente en la sala.
El caso fue puesto a disposición del Juez de Control del Centro de Justicia Penal de la ciudad de Puebla, Aarón Hernández Chino, quién ordenó la prisión preventiva a Ricardo N. en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, pero éste fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez, ubicado en la misma entidad, por lo cual no asistió a la audiencia, por lo que ahora se indagarán las razones por las cuales se trasladó a este Cereso.
17/HZM/LGL
