La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Seciti) debe asegurar que la denuncia por violencia laboral que interpuso el primero de junio de 2018 la trabajadora de la institución, Yessica Berenice González Yáñez, sea investigado por medio del “Protocolo para la prevención y sanción del acoso y hostigamiento laboral y/o sexual con perspectiva de género”.
Lo anterior es una obligación que deben cumplir las instituciones públicas de la urbe, señaló la presidenta del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos (Cultura DH), Rosy Laura Castellanos Mariano, una de las integrantes de diversas agrupaciones civiles que han exigido a la Seciti que indague y esclarezca los hechos de violencia, intimidación y hostigamiento laboral que denunció Yessica González en contra de su entonces jefa, la Directora General de Gestión, Planeación y Política en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Seciti, Mayra Elizabeth Quiñonez González.
Castellanos Mariano, recordó en entrevista con Cimacnoticias que existen mecanismos para investigar casos de violencia laboral en instituciones públicas de la Ciudad de México como el de Yessica González, porque en marzo de 2018 la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo local incorporó el “Protocolo para sancionar el hostigamiento laboral con perspectiva de género”.
Este instrumento desarrolla mecanismos para indagar y sancionar quejas de violencia, discriminación o acoso laboral ocurridas en la administración pública local, y para cumplirlo, estipula que las víctimas pueden acudir a tres instancias internas de la institución pública correspondiente: con una persona consejera (designada por la instancia para asesorarlas); con la Contraloría General del Distrito Federal (para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa); o bien, con el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.
El Comité –precisa el protocolo- lo debe conformar una persona representante de la Dirección de Administración de la institución, la persona titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México y una persona representante de la Contraloría Interna además de nueve personas servidoras públicas, quienes tendrán la facultad de investigar los hechos denunciados (por medio de entrevistas, solicitudes de información) y emitir medidas preventivas para las víctimas.
Sin embargo, instituciones públicas de la Seciti aún no cuentan con este tipo de comités, denunció Castellanos Mariano.
YESSICA NO TUVO DONDE DENUNCIAR
El primero de junio de 2018 Yessica González presentó en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) una queja por violencia laboral en contra de su jefa y actual Directora General de Gestión, Quiñonez González.
En la denuncia Yessica argumentó que desde noviembre de 2017 cuando Mayra Quinoñez asumió el cargo no le respetó sus horarios laborales y recibió de parte de ésta humillaciones públicas, frases ofensivas, descalificaciones hacia su trabajo y tratos humillantes como que jalara la palanca del excuso cuando ella (Quiñonez González) saliera del sanitario o que le cocinara personalmente. Todo esto se mantuvo hasta su despido injustificado en abril de 2018.
De acuerdo con González Yáñez aun cuando trabajaba en la Secretaría capitalina trató de denunciar esta violencia laboral, sin embargo, no encontró alguna instancia o unidad -como lo establece el Protocolo a instituciones públicas de la ciudad- dentro de la Seciti para hacerlo.
Por ello recurrió al director de la Seciti, David García Junco Machado, pero nunca logró comunicarse con él, únicamente con su asistente, a quien le dio a conocer esta información pero no tuvo respuesta.
Ahora, Yessica no sólo recurrió a la CDHDF para interponer la denuncia de violencia laboral contra Quiñonez, también interpuso una queja a la Contraloría General del Distrito Federal que este 22 de junio le informó que en pocos días responderían si aceptaban su caso.
SANCIONAR LA VIOLENCIA LABORAL
Cultura DH es una de las organizaciones junto a la Dirección General de Educación Indígena de la SEP, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) que han solicitado por medio de cartas dirigidas a Junco Machado, que investigue el caso de Yessica bajo el Protocolo especializado en género, debido a que también tuvieron un incidente con Mayra Quiñonez por su comportamiento en un evento público que estas instituciones organizaron.
En un foro sobre las mujeres, la ciencia y tecnología en el que participó la Seciti en abril de 2018, Mayra Quiñonez rechazó un material sobre Derechos Humanos que le ofreció la investigadora Rosy Laura Castellanos, le dijo que no le servirían y los iba a tirar a la “basura”, declaró Castellanos.
SECITI SIN RESPONDER
Este Protocolo no sólo da a las víctimas de violencia laboral la certeza de los medios que deben asegurar las instituciones públicas capitalinas para que denuncien, también establece que queda prohibido en estos espacios la violencia laboral que incluye el daño físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico.
Para conocer si el caso de Yessica González se estaba investigando con dicho Protocolo y cuál era el posicionamiento de la Seciti al respecto, Cimacnoticias buscó una entrevista con Junco Machado –quien preside la institución- pero se negó a darla.
Laura Castellanos señaló que también han buscado comunicarse con el secretario Junco Machado para conocer los avances en la investigación de la denuncia de Yessica pero tampoco tienen resultados. Únicamente el 7 de junio de 2018 el Director General de Innovación de la Seciti, Carlos Alfonso Herrera Anda, respondió a una de las cartas de las organizaciones (Cimacnoticias tiene copia) en la que ofrece una disculpa por el comportamiento de la Directora de Gestión durante un evento público al cual fue invitada, pero sobre el caso de Yessica no respondió.
La presidenta de Cultura DH reconoció que aún es difícil que las mujeres víctimas de violencia laboral, denuncien por la desconfianza que tienen en las instituciones. Afirmó que frecuentemente su dicho es cuestionado principalmente ante la falta de testigos, quienes no hablan por miedo a represalias o porque las agresiones se perpetran en completo aislamiento, además, las personas agresoras son normalmente superiores jerárquicos y existe colusión sobre todo en instituciones públicas por los lazos de amistades o familiares entre las y los servidores.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (Endireh) en el país 91 por ciento de las mujeres han vivido violencia laboral y no solicitaron apoyo a ninguna institución.
Por lo que es importante, añadió la investigadora especializada en DH, que se aplique el Protocolo con enfoque de género en el caso de Yessica González porque sería un ejemplo en la indagación de la violencia laboral que viven las mujeres en la administración pública y es un derecho que tiene como víctima y trabajadora.
18/HZM/LGL
