Organizaciones civiles de Chile solicitarán revisar, antes de que entre en vigor, el protocolo que actualmente elabora el Ministerio de Salud para determinar cómo los profesionales de la salud aplicarán la ley que despenaliza el aborto por tres causales en ese país, pues buscan asegurar que esté apegado a los Derechos Humanos de las mujeres.
Esto informó en entrevista con Cimacnoticias la directora de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), una de las organizaciones de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile que desde 2015 acompañan el proceso legal de la despenalización del aborto en el país, Débora Solís Martínez, quien denunció que el Ministerio de Salud decidió no consultar a las organizaciones expertas en el tema para realizar el protocolo bajo el argumento del poco tiempo con el que cuentan.
Actualmente el Ministerio de Salud elabora el protocolo de actuación que seguirá el personal médico para aplicar la ley que permite el aborto cuando está en riesgo la vida de la mujer, si las condiciones del feto son incompatibles con la vida y si el embarazo fue producto de una violación. La legislación, promulgada el pasado 14 de septiembre por la presidenta Michelle Bachelet, entrará en vigor a mediados de diciembre, una vez que el protocolo esté listo.
Débora Solís Martínez señaló que la atención médica para las mujeres que decidan abortar será integral solo si contempla “un proceso de formación a profesionales de la salud con enfoque en Derechos Humanos”.
Por ello, urgió al Ministerio de Salud chileno a concientizar a las personas profesionales de la salud sobre el deber que tienen de hacer cumplir la ley que despenaliza el aborto en ese país y las inste a respetar el Derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de su embarazo.
Esto, dijo, es necesario para que las y los profesionales médicos entiendan que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y bajo este concepto replanteen si es necesario emitir su objeción de conciencia, un recurso que pueden presentar ante los directivos de las instancias de salud donde laboran y que los abstiene de practicar un aborto.
El compromiso del Ministerio de Salud, afirmó Débora Solís, también debe extenderse a capacitar e informar sobre la ley a todas las personas que trabajan en las instancias de salud, sin importar si son o no expertos médicos. “(Las autoridades médicas) también deben ocuparse de despenalizar socialmente el aborto con su personal, esto implica trabajar con todas las personas que en las unidades de salud tienen contacto con las mujeres, para que no las juzguen por ejercer su derecho”, dijo.
La defensora y experta de los derechos sexuales destacó la importancia de contemplar en el protocolo médico la atención psicológica para todas las mujeres que opten por practicarse un aborto y no solo se enfoquen en su salud física.
Informó que las organizaciones seguirán trabajando para cerciorarse que el Ministerio de Salud resuelva un pendiente que aún tiene: permitir el uso para fines gineco obstréticos de uno de los medicamentos que en varios países se utiliza para practicar abortos durante las primeras 12 semanas de gestación, el misoprostol, ya que actualmente solo se emplea para efectos gástricos.
La legalización del medicamento resulta importante porque tan solo en México, país que desde hace 10 años permite en la capital la interrupción legal del embarazo por cualquier causal, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que hasta febrero de 2017 el procedimiento más usado para interrumpir el embarazo (en 75 por ciento de los casos) fue el uso de medicamentos.
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