Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Centroamérica manifestaron a través de un comunicado su preocupación por la violencia que daña la integridad física, psíquica y moral de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgénero (LGBT) en Honduras.
Esta situación afecta de manera particular a defensoras y defensores de los derechos humanos, como ocurrió recientemente en el caso de la defensora de los derechos de los transexuales, Bárbara Paola Vargueza.
Firman el comunicado: la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (Cepresi), el Centro de Investigación y Promoción para Centromérica, la Central en Derechos Humanos (Cipac), HIVOS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Los actos de violencia contra la población LGBT en Honduras no son aislados, señalan las organizaciones. Frecuentemente se conocen casos en que personas han quedado desfiguradas, con lesiones graves o incluso han sido asesinadas por su orientación sexual. La situación se agrava porque algunos de estos actos son presuntamente responsabilidad de agentes estatales y la mayoría de los casos permanecen en la impunidad.
Como ya señalamos, las y los defensores de los derechos de la población LGBT también son afectados por la violencia, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al señalar que «los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad».
En Honduras, recuerdan las OSC en su comunicado, en el pasado se han dado graves actos de violencia contra defensores y defensoras de los derechos de la población LGBT, como el asesinato de la defensora de las personas transexuales y vocera de la Asociación Violeta, Cynthia Nicole (César Noel Moreno).
Sin embargo, el Estado no ha tomado medidas efectivas para cumplir con sus obligaciones internacionales.
Esta situación ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a otorgar en varias ocasiones medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de miembros de organizaciones LGBT.
Es de vital importancia que el Estado de Honduras, consideran las OSC, como garante de los derechos de la población, investigue y sancione a los responsables de estos hechos y que tome medidas inmediatas para prevenir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo.
Tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares.
En atención a ello, la Asociación LGTB Arcoiris (Honduras), Ciprodeh (Honduras), Cenidh (Nicaragua), Cepresi (Nicaragua), CIPAC (Costa Rica), HIVOS (Costa Rica) y Cejil (Costa Rica) exhortan al Estado de Honduras a que asuma sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e investigue de manera seria y efectiva estos graves hechos y a la vez adopte medidas para garantizar que los derechos de los miembros de la población LGBT sean respetados.
Y que quienes se dedican a su defensa puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a ser víctimas de actos de violencia que pongan en peligro su integridad física y su vida.
09/GG
