Hace ya dos décadas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) iniciaron una lucha en Ciudad Juárez, Chihuahua, en busca de justicia para las adolescentes y mujeres desaparecidas y asesinadas.
Hoy, a 20 años de distancia, las activistas acusan que la violencia en la localidad fronteriza se ha agravado con la presencia del Ejército, y afirman que existe mucho mayor riesgo para sus labores en defensa de las mujeres, al grado de que sus agrupaciones incluso pueden desaparecer.
Y sin embargo, lanzan la advertencia: «no cerramos y no nos vamos hasta obtener resultados». Además reiteran su rechazo a que en Juárez se sigan firmando pactos y acuerdos con las autoridades para frenar la violencia, los cuales, dicen, han sido un rotundo fracaso.
En entrevista con Cimacnoticias, Norma Ledezma Ortega, fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, organización formada en 2001 por familiares de mujeres desaparecidas y/o asesinadas, señaló que pese a todos estos años de lucha la violencia contra las mujeres lejos de disminuir se ha incrementado.
La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez reporta que en ocho años (de 1993 a 2001) se registraron 214 asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez; mientras que tan sólo en 2010, con el Ejército en las calles, 304 mujeres fueron asesinadas.
A la lucha emprendida por las OSC para denunciar el feminicidio, hoy se suma la persecución y violencia en su contra como defensoras de Derechos Humanos (DH), ya que con el arribo de Felipe Calderón al poder en 2006 también llegaron los militares a las calles de Juárez, aumentando la violencia ya de por sí generalizada en esa localidad.
Ante el acoso que padecen las organizaciones y sus integrantes, Ledezma señala: «Alguien tiene que hacer el trabajo, por eso a pesar de todo no cerramos y no nos movemos de Chihuahua hasta obtener resultados, aunque la vida se nos acabe sin obtenerlos».
A Marisela Escobedo, madre de Rubí Marisol Frayre Escobedo, se le fue la vida sin lograr justicia. La también integrante de Justicia para Nuestras Hijas fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, en diciembre de 2010. El principal sospechoso del crimen es Sergio Barraza Bocanegra, ex pareja sentimental de Rubí, quien pese a haber confesado que la mató en el 2008 fue liberado por «falta de pruebas» en abril del año pasado.
Marisela no paró desde entonces para ver al asesino de su hija en prisión: luchó hasta el final para revocar la sentencia que lo dejó libre y logró otra que lo condenaba a 50 años de cárcel. Ella armó un operativo para ubicar a Barraza en Zacatecas, pero él logró escapar. A la fecha sigue prófugo.
VIOLENCIA AÑEJA
Ciudad Juárez es una de las urbes de la frontera norte, donde el fenómeno de la violencia ha adquirido una gran complejidad y se han perpetrado los peores crímenes sexuales y de género, explica Patricia Ravelo Blancas, profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
No obstante los intentos de los gobiernos estatales de minimizar y ocultar la violencia contra las mujeres, el fenómeno se expandió de modo tal que México mereció recomendaciones de organismos nacionales e internacionales alertando sobre la ola criminal y las severas violaciones a los DH.
En su primera recomendación emitida en mayo de 1998 (44/98), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que la omisión de los funcionarios en los asesinatos de mujeres permitió el crecimiento de este fenómeno social y advertía entonces que de no tomarse de inmediato las medidas necesarias para prevenir y reprimir los asesinatos, se rebasarían las cifras de los años anteriores.
Para la investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) Julia Monárrez Fragoso, en Ciudad Juárez el feminicidio se reveló y apuntaló a partir de la década de los 90 y junto con él, la reflexión y explicación del espacio físico donde se lleva a cabo la violencia extrema contra las mujeres.
En su más reciente publicación «Violencia contra las mujeres e inseguridad ciudadana en Ciudad Juárez», Monárrez explica que la localidad ha sido punto de convergencia de las corrientes migratorias internas y de los países centroamericanos que la utilizan como sitio de paso para entrar a Estados Unidos o (hasta antes de 2006) como lugar para encontrar empleo en las maquilas.
Juárez, detalla la investigadora, arrastra desde los años 60 –con la llegada de las maquiladoras trasnacionales– una dinámica de pobreza, migración y violencia.
La investigadora de El Colef recuerda que Juárez es sede de un cártel de drogas, y agrega que la posición de las mujeres en relación con la violencia se ha transformado a la par del proceso de industrialización de la urbe, en la década de los 60, el aumento de la pobreza urbana, la migración y la guerra entre las diferentes organizaciones criminales en los años 90.
Una de esas transformaciones fue la organización de las madres de víctimas de feminicidio, junto con académicas y sindicalistas, para denunciar las desapariciones y asesinatos de mujeres, quienes eran encontradas sin vida en lotes baldíos u otros lugares públicos con visibles muestras de tortura y violencia sexual.
Así, surgieron organizaciones como el Grupo 8 de Marzo (antecesor de Casa Amiga Centro de Crisis), encabezado por la fallecida Esther Chávez Cano; Mujeres por Juárez; Justicia para Nuestras Hijas; Nuestras Hijas de regreso a casa y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm).
PRESENCIA MILITAR
A partir de 2006, tras la entrada del Ejército a Chihuahua, estas OSC y otras, como la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, exigieron la salida de los militares, pues advirtieron que la medida sólo agravaría la violencia y minimizaría el feminicidio atribuyéndolo al crimen organizado, tal como ocurre actualmente.
Además de documentar el feminicidio, las OSC empezaron a registrar los ataques contra las defensoras de DH de las mujeres.
Tal es el caso de Josefina Reyes, quien participó activamente en las protestas contra la violencia del crimen organizado y las violaciones a DH cometidas por el Ejército, luego de la desaparición forzada de su hijo Miguel Ángel Reyes, presuntamente a manos de militares.
Reyes fue asesinada el 3 de enero de 2010 y en menos de tres años también seis miembros de su familia fueron ultimados.
Otras activistas como Marisela Ortiz, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, y María Luisa García Andrade, presidenta y cofundadora de la misma OSC, ya abandonaron Chihuahua por las amenazas de muerte en su contra. Hasta ahora la organización sigue en funciones.
EXIGEN RESULTADOS
Luz Estela Castro, directora del Cedehm, señala que a casi 20 años de iniciada su lucha aún no obtienen justicia. «Las OSC sólo tenemos dos opciones: quedarnos o cerramos», observa. «Nosotras decidimos quedarnos, a seguir exigiendo aunque en ello nos vaya la vida», remarca.
En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano brindar medidas cautelares a favor de Luz Estela Castro y su equipo, así como para Norma Ledezma Ortega.
En este contexto de violencia, impunidad y acoso contra las mujeres, las OSC se niegan a que en Ciudad Juárez se sigan firmando acuerdos con el gobierno en contra del crimen, tales como el programa federal «Todos Somos Juárez», el Operativo Conjunto Chihuahua y la Operación Coordinada Chihuahua.
Por tanto, las organizaciones defensoras de las mujeres rechazan que en el Pacto Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, previsto para el próximo 10 de junio en Juárez, participen las autoridades federales y del estado de Chihuahua. Advierten que el acuerdo debe ser únicamente entre la sociedad civil.
Luz Estela Castro enfatiza: «No podemos hacer más pactos con el gobierno; el Presidente ya vino a firmar el Plan Juárez en 2010. ¿Para qué vamos a firmar otro cuando no se ha cumplido? No es lo conveniente. No tiene sentido». Subraya que el gobierno debe dar respuesta a las exigencias de la ciudadanía.
De igual forma, Nuestras Hijas de Regreso a Casa sostiene que en la firma no debe participar ningún representante de los gobiernos federal y estatal. «Nos oponemos a todo diálogo con el gobierno en Ciudad Juárez, en Morelos, o en cualquier punto del país, en tanto no existan garantías para el mismo, y mientras los militares continúen en las calles», expuso.
Las OSC sostuvieron: «Nuestra experiencia propia y la historia nos han enseñado que con el gobierno no se pacta. A pesar de leyes, sentencias, operativos y sin fin de mecanismos, los asesinatos continúan y quedan impunes».
11/GTR/LGL/RMB
