Más de 4 millones de mujeres en Latinoamérica y el Caribe abortan cada año y la mayoría lo hace en la clandestinidad, poniendo en riesgo su vida y con temor de ser encarcelada, denunciaron decenas de redes, campañas y organizaciones de mujeres de la región, quienes emitieron una la Declaración Pública con motivo del próximo 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en la demarcación.
La interrupción clandestina del embarazo implica un grave daño a su salud física y mental, y constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales, en especial el derecho a la vida, salud, autodeterminación, igualdad, a estar libres de torturas y daños, a la libertad de pensamiento, religión, y al control de su propia fecundidad.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) firmantes afirman que no habrá democracia ni desarrollo humano sostenible en nuestras sociedades mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por esta causa y sean objeto de condenas y castigos, lo que convierte al aborto inseguro en un grave problema de justicia social.
De acuerdo con las OSC los responsables de las muertes son los Estados que no garantizan a las mujeres una maternidad voluntaria, ni respetan sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendolalibertad de opción.
Las iglesias que intervienen y atentan contra el Estado laico así como los legisladores que se niegan a despenalizar y siquiera a debatir el tema.
Los proveedores de servicios que denuncian y maltratan a mujeres hospitalizadas por abortos inseguros, de igual forma, los jueces que las procesan y condenan y la sociedad que calla y permite.
A las latinoamericanas y caribeñas se les impone la maternidad como destino único e irrenunciable, sin reconocerles autonomía de decisión sobre sus vidas y sus cuerpos soberanos, aseveran.
Con ello, se niegan a entender que detrás de un aborto inducido hay embarazos que fueron forzados, falta de acceso a la anticoncepción o falla de algún método, pobreza, abandono, enfermedades de la mujer o gestaciones de fetos con graves malformaciones, entre otros motivos, refieren las OSC de mujeres.
RECLAMO CIUDADANO
Ante este panorama las decenas de organizaciones de la región reclaman el acceso al aborto legal, seguro y gratuito como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.
Poniendo fin al aborto clandestino, acabará también el drama de las muertes maternas por esta causa y se resguardará la salud y vida de las mujeres, al igual que el bienestar de sus familias.
La maternidad no debe imponerse ni por leyes ni doctrinas religiosas, «las mujeres somos sujetas de derechos con plena capacidad moral para tomar las decisiones favorables de acuerdo a nuestras realidades y proyectos de vida, incluyendo la decisión de interrumpir un embarazo o ser madres», señalan.
Las OSC exigen que los Estados latinoamericanos y del Caribe respeten la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y se les brinde la información y medios necesarios para ejercerla sin riesgos.
«Esto debe abarcar: acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y seguros, incluyendo anticoncepción de emergencia; educación sexual laica y humanista; acceso a abortos seguros, legales y con alta calidad de la atención; condiciones sociales y estructurales adecuadas para vivir una maternidad voluntaria, protegida y gozosa, si optamos por ella», indican.
Sólo de este modo, advierten, serán respetados los derechos humanos de las mujeres, establecidos en las Conferencias de El Cairo y Beijing, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM.
En la región, los avances más recientes son el Distrito Federal, en México, donde con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo hasta el primer trimestre, y en 2006 la Corte Constitucional de Colombia liberalizó la legislación al permitir el aborto por riesgo a la salud y vida de la mujer, en casos de violación y por graves malformaciones fetales.
08/GCJ/GG
