Organizaciones de la sociedad civil (OSC) manifestaron su «profunda consternación» por la discriminación y la violación a los derechos humanos de las que ha sido objeto una menor de 15 años en Salamanca, Guanajuato, víctima durante tres años de violación sexual por parte de su padrastro y a quien autoridades no le dieron la información adecuada acerca de la opción de interrumpir legalmente su embarazo, una consecuencia de la violación, como lo prevé el Código Penal del estado.
En un comunicado difundido el pasado día 6, el Vigía Ciudadano del Ombudsman, el Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez exigen a las autoridades de la entidad, gobernada por el Partido Acción Nacional, el establecimiento de la reglamentación necesaria para el acceso al aborto legal en cabal cumplimiento de su Código Penal y la normativa internacional, así como la atención y reparación del daño a la víctima.
La demanda de justicia fue asimismo enviada hoy a Daniel Federico Chowell Arenas, procurador general de Justicia del estado de Guanajuato; Manuel Vidaurri Arréchiga, procurador de Derechos Humanos de Guanajuato; y a José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El pasado 27 de abril, Martín Rodríguez fue consignado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG), después de que la madre de la menor de edad denunció la violación y se promovió una averiguación previa.
Las autoridades correspondientes no le dieron la información adecuada acerca de la opción de interrumpir legalmente su embarazo como consecuencia de la violación, tal como lo prevé el Código Penal de Guanajuato.
Estos hechos, señalan las OSC, evidencian de manera tajante que en Guanajuato las mujeres no tienen acceso a una vida libre de violencia, pues las instituciones estatales no son garantes para preservar su seguridad y hacer respetar sus derechos.
«Negar información a una víctima de violencia sexual sobre sus derechos, lleva implícita la negación del derecho a la mujer de decidir sobre su cuerpo, viola los derechos sexuales y reproductivos, además de ser un acto discriminatorio y de abuso de poder», señalan.
Por eso, exigen que las autoridades del estado el establecimiento de la reglamentación necesaria para el acceso al aborto legal en cabal cumplimiento de su Código Penal y la normativa internacional así como la atención y reparación del daño a la víctima.
Que la PGJEG realice las investigaciones pertinentes para sancionar a quien en su calidad de servidor público negó el acceso a la información sobre la interrupción del embarazo seguro, y por tanto incurrió en violaciones a los derechos humanos de la menor.
Asimismo, que se dé apoyo y realice reparación del daño a la victima e intervengan las instituciones estatales concernidas para que se garanticen los derechos de la misma.
Que la PGJEG cumpla con su obligación de proporcionar la información sobre el acceso al aborto legal y seguro para las víctimas de violación, sin tener en cuenta concepciones particulares o partidistas.
Que la dependencia cumpla también con los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito México, siendo uno de ellos la Recomendación 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) emitida en su 36º período de sesiones (CEDAW/C/MEX/6).
Y que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato dirija una recomendación a la PGJEG y a las autoridades implicadas en la violación a los derechos humanos de la menor de edad. Asimismo, es necesario que brinde la asesoría necesaria legal y psicológica a la victima y de seguimiento a la reparación del daño, finaliza el comunicado.
08/GG/CV
