Organizaciones civiles a favor de los derechos de las mujeres solicitarán una audiencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como parte de la agenda de que a partir del 11 de este mes iniciará esta instancia para escuchar posturas a favor y en contra de la inconstitucionalidad de la ley que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en el Distrito Federal.
En entrevista telefónica, Martha Juárez, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, organización civil que impulsa, difunde, da seguimiento y evalúa el proceso legislativo en México, adelantó que organizaciones civiles como Católicas por el Derecho a decidir, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Salud Integral para la Mujer (SIPAM), entre otras, solicitarán la audiencia entre el 30 de mayo y el 27 de junio, plazo dado por el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, para que las organizaciones que apoyan la ley presenten sus posturas.
Axela Romero Cárdenas, directora de SIPAM, una de las organizaciones feministas que desde 1987 trabaja en la modificación de políticas y programas públicos y promueve y defiende el derecho a la salud de las mujeres, principalmente de los sexuales y reproductivos, señaló en entrevista que las organizaciones feministas han enviado documentos a las y los ministros exponiendo por qué apoyan la iniciativa.
La activista dijo que una preocupación reiterada de los grupos feministas es el «riesgo (en el que está) el Estado laico», indispensable para el ejercicio real de la libertad de conciencia.
Por ello, básicamente, agregó, la argumentación hecha por las organizaciones es que estas reformas a la ley de salud para el Distrito Federal que permiten desde abril del 2007 a las mujeres interrumpir legalmente un embarazo hasta la semana 12 de gestación, constituye un avance en derechos para la mujeres ya que las coloca en su libertad de decidir y no las obliga a nada.
También han señalado que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) está facultada para legislar en materia de salud, que es otro de los puntos cuestionados en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República en mayo del año pasado.
La directora de SIPAM observó los beneficios de esta iniciativa, impulsada por el movimiento amplio de mujeres y feministas, porque «abre la puerta» para que las mujeres jóvenes que se han embarazado sin quererlo puedan tener esta opción y que se respete su derecho a decidir tanto si quieren interrumpir su embarazo o llevarlo a término.
Recordó que la juventud ha sido una parte de la población olvidada de las políticas públicas y que cada vez son más las y los jóvenes que deciden iniciar a temprana edad su vida sexual, pero lo hacen sin información adecuada y sobre todo excluidos de los métodos de anticoncepción.
María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, concluyó en entrevista telefónica que las organizaciones civiles estarán muy pendientes de la discusión que se dé al interior de la máxima instancia de justicia del país y dijo confiar en que las y los ministros actuarán conforme a derecho.
Recordó, en este sentido, que existe una serie de compromisos signados por México que seguramente serán considerados por la SCJN e insistió en que confían en que el pleno de la Corte reconocerá los derechos humanos de las mujeres y fallará de acuerdo a estos compromisos.
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