Organizaciones civiles afirmaron que las tres mujeres que compiten para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incumplen los elementos de idoneidad mínimos y expresaron serias preocupaciones respecto al poco conocimiento que tienen del marco de Derechos Humanos, por lo que llamaron al Senado a rechazar la terna.
Este lunes las magistradas Yasmin Esquivel Mossa, Celia Maya García y la abogada Loretta Ortiz Ahlf comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado de la República para presentar sus opiniones y responder preguntas de los legisladores, quienes este jueves presentarán el dictamen al pleno para elegir a quien ocupe la vacante que dejó la ministra Margarita Luna Ramos.
Las magistradas Esquivel Mossa y Maya García se pronunciaron en contra de las adopciones por personas del mismo sexo; en el tema del aborto la primera dijo que acataría según la legislación de cada estado y la segunda omitió responder. Ortiz Ahlf, por su parte, se pronunció en contra de desaparecer las estancias infantiles y los refugios para mujeres víctimas de violencia de género.
En un comunicado, agrupaciones civiles señalaron que las referencias homofóbicas y contrarias a fallos de la propia SCJN para la que son propuestas son sumamente preocupantes y van en sentido contrario al fortalecimiento del alto tribunal y de una visión garantista. De la misma manera, dijeron, alertan las posturas sobre prisión preventiva oficiosa, proceso de designación de ministros y ministras, así como derechos reproductivos.
Organizaciones como Equis Justicia para las Mujeres; el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y el Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas señalaron que el proceso para nombrar a una ministra de la Suprema está dejando de lado garantías fundamentales que aseguren la independencia del máximo órgano de justicia.
Para estas agrupaciones que han dado seguimiento, hoy estamos viviendo un retroceso en los procesos de designación de altos cargos porque las entrevistas demostraron estar vinculadas al Ejecutivo Federal, lo que pone en riesgo la independencia judicial.
Por otra parte, Yasmín Esquivel, quien, según diversas fuentes, tendría más posibilidades de ser designada, enfrenta cuestionamientos por haber incurrido en conflictos de intereses, al participar en fallos a favor de grupos inmobiliarios y al demostrar influyentismo en su actuación. En el caso de Cecilia Maya, dijeron, quedó demostrada su falta de criterios mínimos de especialización y respeto por los Derechos Humanos, mientras que ella y Loretta Ortiz tienen una cercanía político-partidista.
Expusieron que el proceso de designación no permitió que se generara un real escrutinio de las candidatas, no hubo parlamento abierto ni real participación de la sociedad civil. La posibilidad de hacer llegar preguntas al Senado sin saber cómo y cuáles preguntas se eligen no significa que haya habido parlamento abierto, expusieron.
Las organizaciones informaron que el lunes enviaron una comunicación al Relator Especial de Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas y al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de que estos organismos analicen el caso mexicano y emitan las recomendaciones pertinentes.
Aunque las organizaciones pidieron que se rechazara la terna, ayer la Comisión de Justicia, conformada mayoritariamente por legisladores de Morena (7) y que preside el senador morenista Julio Menchaca Salazar, aprobó el dictamen señalando la elegibilidad de las candidatas propuestas por el titular del Ejecutivo Federal por reunir los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte.
19/AGM/LGL
