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OSC presentarán informe sobre mujeres migrantes ante expertas de CEDAW

Por la Redacción
migrantes_CésarMartínez

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y otras organizaciones civiles con trabajo en migración presentarán este 6 de julio ante el Comité de Expertas de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW por sus siglas en inglés) su informe sobre trabajadoras migrantes en México, en el extranjero, y de mujeres migrantes mexicanas en retorno y presentará los retos específicos que enfrenta el Estado mexicano para garantizar el acceso a sus derechos.

Las organizaciones señalaron que la legislación y política, al ser neutrales al género, no sólo discriminan a las mujeres trabajadoras migrantes centroamericanas en su acceso a la documentación migratoria, sino que limitan su acceso al derecho al trabajo digno, a la seguridad social, a la salud y a la justicia.

Pusieron como ejemplo el caso de las mujeres trabajadoras agrícolas que son documentadas como “acompañantes” de sus esposos, sin permiso de trabajo. En el caso de las trabajadoras del hogar, señalaron que la complejidad de los requisitos, en específico la oferta de un empleador, impediría que tengan acceso a una documentación migratoria con autorización para trabajar.

El informe también hace referencia a las migrantes internas, por ejemplo mujeres indígenas que se dedican al trabajo del hogar o en la agricultura en estados del noreste de México y que enfrentan “niveles agudos de violencia” por la intersección de varias discriminaciones: género, etnia, lengua, nivel socioeconómico y escolaridad.

También mencionan que las trabajadoras mexicanas carecen de oportunidades para acceder a trabajos ofrecidos en Estados Unidos y Canadá. El informe reconoció que ellas enfrentan discriminación de género durante los procesos de reclutamiento por las agencias de contratación.

El tercer reto, son las mujeres migrantes mexicanas en retorno o de otra nacionalidad en México, quienes enfrentan graves obstáculos en cuanto al acceso y acreditación de la identidad, así como de sus hijas e hijos. Por ejemplo, los requisitos para acceder a una CURP (clave de identificación) son difíciles, ya que muchas migrantes no pudieron conseguir apostilles y traducciones oficiales de sus documentos foráneos antes del retorno.

No obstante, en la práctica, la CURP es requisito para inscribir a niñas y niños en la escuela, de no ser posible, se les niega el derecho a la educación, informaron las organizaciones.

Entre las recomendaciones que hacen al Estado se encuentran promover y facilitar la inscripción de la nacionalidad mexicana en los Consulados mexicanos, facilitar la inscripción de la nacionalidad mexicana sin necesidad de un acta de nacimiento legalizada o apostillada, eliminar costos de actas civiles, y eliminar las barreras administrativas para el acceso a la CURP.

Para garantizar los derechos de las trabajadoras mexicanas en el extranjero, pidieron monitorear el proceso de reclutamiento en México y sancionar a quienes discriminen, incluir en las agencias de reclutamiento una perspectiva de género, y recopilar datos desagregados por sexo sobre personas migrantes que participan en programas de migración laboral en el extranjero.

Para mejorar la situación de las mujeres migrantes en México, recomendaron desvincular la documentación migratoria con autorización para trabajar de la oferta de un empleador, ya que “este tipo de arreglos puede restringir indebidamente la libertad de circulación de esos trabajadores y aumentar su vulnerabilidad a la explotación y los malos tratos, a veces en condiciones de trabajo forzoso o servidumbre”, como dice un documento del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

Para acelerar la igualdad de facto entre mujeres y hombres las organizaciones propusieron apartar recursos específicos dentro del presupuesto del Instituto Nacional de Migración.

Argumentaron que acciones afirmativas son necesarias para introducir medidas especiales dirigidas a trabajadoras del hogar y en la agricultura. Ambos grupos podrían ser registrados con la categoría de visitante trabajadora fronteriza, para poner fin a su vulnerabilidad extrema.

El informe además hizo referencia a varios procesos anteriores de informes, recomendaciones y respuestas del Estado ante el Comité CEDAW, que al aparecer no presentaron soluciones satisfactorias para el problema de la desigualdad de mujeres migrantes.

Este informe será presentado en el marco del noveno informe periódico del Estado Mexicano, este 6 de julio en Geneva, Suiza.

El Comité CEDAW está compuesto por 23 personas expertas en derechos de las mujeres, procedentes de todo el mundo. Supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Al ser Estado Parte, México debe presentar un informe sobre la manera en que cumple los derechos contemplados en la Convención.

El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”. Pero desde su fundación, ha puesto mucho énfasis en conocer la perspectiva de la sociedad civil, por lo que invita y toma en cuenta informes “alternativos” que presentan las OSC en diferentes ámbitos.

18/SG/LGL

 

 

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