La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Amalia, una joven nicaragüense con 10 semanas de gravidez y un cáncer invasivo metastásico, a quien el gobierno de Nicaragua le niega el tratamiento para combatir la enfermedad porque en este país se prohíbe el aborto, incluso el terapéutico.
Entre estas medidas, la CIDH solicitó al gobierno nicaragüense que le garantice a Amalia el acceso al tratamiento médico que necesita, informaron en comunicado de prensa distintos organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos.
El organismo internacional también pidió a las autoridades de dicho país centroamericano, reservar la identidad de la joven y de su familia, refiriéndose a ella sólo como Amalia.
El Estado de Nicaragua deberá adoptar estas medidas en concertación con la beneficiaria y sus representantes, precisa el comunicado firmado por el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ipas Centroamérica con sede en Nicaragua, Women’s Link Worldwide con sede en Colombia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Al tiempo, las autoridades de ese país deben presentar información a la CIDH sobre el cumplimiento de estas medidas, en un plazo de cinco días y actualizar esos datos de manera periódica.
Dichas organizaciones, quienes fueron las solicitantes de las medidas cautelares para la joven, refieren que con el atraso o negación de la atención médica a mujeres como Amalia, las autoridades de ese país transgreden los derechos humanos a la vida y a la salud de las nicaragüenses.
Este hecho, aseguran, es resultado de la legislación vigente en Nicaragua desde finales del año 2006, la cual penaliza el aborto terapéutico, «violentando de ese modo el derecho de las mujeres a la protección de su salud y de su integridad personal».
En casos como el de Amalia, la falta de acceso al aborto terapéutico pone en riesgo la vida de las mujeres al negarles el tratamiento médico adecuado para su enfermedad, por proteger al embrión de los efectos derivados del tratamiento.
Previamente, en una carta dirigida al gobierno de Nicaragua, la Relatoría de los Derechos de la Mujer de la CIDH, expresó su preocupación porque la negación del aborto terapéutico significa también un obstáculo para que el personal de salud cumpla con su tarea de proteger la vida y la salud de sus pacientes.
Y es que, indica el comunicado, aunque el Ministerio de Salud «finalmente» decidió aplicar el tratamiento de quimioterapia a Amalia, el Estado es responsable de las consecuencias negativas que pueden resultar del atraso de la atención médica y por no proponer el aborto terapéutico como parte del tratamiento para combatir el cáncer y prolongar su vida.
Por ello, con el propósito de prevenir situaciones como la de Amalia, las organizaciones solicitantes realizan un llamado a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Nacional y a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, para que adecue la legislación en materia de aborto conforme a las disposiciones de los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos.
Dicho ajuste, debe preveer el aborto como un derecho cuando el embarazo ponga en riesgo la vida y salud de las mujeres, en caso de violación o incesto, y cuando el embrión presente malformaciones congénitas incompatibles con la vida humana.
10/GCJ/LR/LGL
