Al usar por primera vez el histórico Protocolo Facultativo de la Comisión para la Eliminación contra todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), 23 expertas de la ONU dan otra bofetada al gobierno de Chihuahua y del presidente Vicente Fox por 352 asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua.
Los resultados de las pesquisas iniciadas por petición de Casa Amiga, fundada por Esther Chávez Cano y la organización Equality Now recriminan al gobierno mexicano por la persistente desaparición de mujeres y la violencia con la que son asesinadas en el estado norteño desde 1993.
Insisten en que las «graves y sistemáticas violaciones de los derechos de las mujeres se hayan mantenido durante más de diez años» al tiempo que «expresa consternación debido a que no se ha logrado aún erradicarlas, sancionar a los culpables y prestar la ayuda necesaria a los familiares de las víctimas.»
El feminicidio se repite en Ciudad Juárez, en Chihuahua y otros sitios lo que «representa una prueba más de que no se trata de una situación excepcional, aunque muy grave… sino de situaciones de violaciones sistemáticas de los derechos de la mujer fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género y, por lo tanto, en la impunidad.»
El comité de la CEDAW, instancia creada hace un cuarto de siglo para eliminar la discriminación hacia las mujeres en el mundo se suma a las recomendaciones y críticas emitidas antes por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, la Relatora Especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Las conclusiones de la investigación iniciada el 2 de octubre del 2002 coinciden también con las que en el año 2003 llegó la Misión de la ONU, conformada por investigadores policiacos y encabezada por Edgardo Buscaglia, con la participación del fiscal de la Audiencia Nacional de España, Carlos Castresana sobre la flagrante impunidad.
Sin embargo, por tratarse en expertas sobre discriminación de género, llaman a subsanar las «faltas graves en el cumplimiento de los compromisos asumidos con la ratificación de la CEDAW.
Y recuerdan que es un compromiso del Estado mexicano para eliminar la discriminación ejercida desde el mismo y también aquella cometida por cualquier persona, organización o empresa.
LA HISTORIA
El 2 de octubre de 2002, las organizaciones no gubernamentales, Equality Now y Casa Amiga, solicitaron al comité establecido en Nueva York una investigación en relación con los incidentes de secuestro, violación y asesinato de mujeres en la zona de Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, México.
El comité de CEDAW conocía ya el caso tras examinar un informe del gobierno mexicano presentado en virtud de la Convención en su periodo de sesiones extraordinario en agosto 2002.
Por ello, al considerar fidedigna la información de las ONG que presentaron el caso decidieron seguir la investigación misma que se complementó con una visita oficial por las expertas Maria Yolanda Ferrer Gómez y la Señora Maria Regina Tavares da Silva.
Con cuatro nuevas mujeres asesinadas tan sólo en el 2005, el comité de CEDAW emitió sus recomendaciones la semana pasada desde Nueva York.
EL PROTOCOLO
El Senado de la República ratificó el 14 de diciembre del 2001 el Protocolo Facultativo sobre la Convención de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), instrumento que obliga al gobierno a rendir cuentas ante la ONU sobre violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos de las mexicanas.
El decreto del Senado establece que el comité de 23 expertas de la CEDAW, con sede en la ONU, podrá investigar violaciones reiteradas a los derechos de las mexicanas bajo la condición de que todas las instancias nacionales hayan sido agotadas.
2005/MR
