El incremento de 66 por ciento en las tarifas de naturalización y residencia a partir de junio próximo, anunciado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS) de Estados Unidos, fue rechazado y calificado como un muro más, un acto criminal por inmigrantes de todas partes del mundo.
Antes de la publicación de esta propuesta en el Registro Federal, inició desde ayer un período de comentarios del público, para que durante 60 días expresen sus opiniones al respecto. Y luego se darán otros 60 días para que las autoridades realicen los ajustes necesarios a la propuesta.
Pero desde antes del inicio del período de de comentarios, las voces de inmigrantes de todas partes del mundo rechazaron la medida y esperan obtener respuestas por parte del Congreso para impedir el aumento.
En Chicago, activistas calificaron de acto criminal, el incremento en los costos de trámites. Activistas pro inmigrantes polacos, chinos, coreanos e hispanos reaccionaron alarmados ante esta situación.
No podemos creer que el costo de solicitar la ciudadanía subió 70 por ciento en tres años, dijo Fred Tsao, director de políticas de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados(ICIRR).
Estamos en situación de emergencia, dijo en conferencia de prensa Karla P. Avila, directora de la Iniciativa Nuevos Ciudadanos, que administra ICIRR, quien aseguro que los más afectados son las familias de bajos ingresos.
Para los activistas, con esta propuesta se esta poniendo otra barrera a la comunidad inmigrante en Estados Unidos que quiere adaptarse a la sociedad estadounidense.
La primer barrera fue la aprobación del muro en la frontera, un nuevo examen de ciudadanía más difícil y la posibilidad de que inmigración solo acepte solicitudes electrónicas. Ahora están poniendo otra barrera incrementando los costos en un porcentaje muy alto, comento Ávila.
Para Juan Albavera, soporte económico de una familia de cinco, el costo de la tarifa propuesta para solicitar la ciudadanía podría significar un grave desequilibrio en sus finanzas.
Tendría que pagar $1,350 dólares por mi solicitud y la de mi esposa. Eso es mucho dinero, dijo, por eso planea solicitarla lo antes posible.
MÁS LEÑA AL INCENDIO
El incremento de tarifas se anunció en medio de un gran debate sobre la reforma migratoria integral, pero las autoridades federales migratorias esperan dar oficialidad a los incrementos de sus tarifas y de ser así, entrarían en vigor en junio próximo.
Concejales hispanos, líderes comunitarios y trabajadores inmigrantes criticaron dichas medidas, porque son un muro más al sueño americano.
Condenamos el incremento de las tarifas propuesto por el USCIS porque pondrá el sueño de la ciudadanía americana fuera del alcance de los nuevos inmigrantes, dijo Julissa Ferreras, de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados (NALEO), durante la conferencia telefónica nacional con la cual el director del USCIS, Emilio González, anunció los recientes aumentos.
En una ciudad donde el 40 por ciento de las personas han nacido en otro país, esta política es un portazo en nuestra comunidad para las personas que buscan la ciudadanía, agregó el concejal Hiram Monserrate, acompañado de sus colegas John Liu, Miguel Martínez, Kendall Stewart, reverendos afroamericanos y el asambleísta José Peralta.
Los legisladores propusieron una exhaustiva revisión de la medida -dentro de los 60 días de comentarios públicos-, pero adelantaron que el Congreso debería subvencionar el alza o parte de ella, agregando que la iniciativa demuestra que la administración Bush no tiene un buen plan para la inmigración.
Según Naleo, -que estima en ocho millones las personas con residencia permanente que califican para la ciudadanía, de las cuales la mitad es hispana-, la idea que el Congreso subvencione el alza no es descabellada, ya que el dinero del alza será utilizado para construir nuevos edificios, entrenar al personal y agilizar las aplicaciones.
De acuerdo con la agencia, el valor de la naturalización se incrementará de 330 dólares a 595, y el de la residencia de 325 a 905 dólares.
Inmigración admitió que la decisión no fue fácil porque afectará a mucha gente, pero dijo que era indispensable. El último incremento general ocurrió en1998, cuando las tarifas aumentaron en un 76 por ciento.
Por otra parte, legisladores hispanos y de origen asiático, y el Fondo México-Americano para la Defensa y la Educación (MALDEF) criticaron también las nuevas tarifas.
Nuestra obligación es garantizar que los servicios de inmigración y ciudadanía sean asequibles, afirmó el líder del Caucus Hispano de la Cámara Baja, mientras el legislador demócrata Joe Baca dijo: examinaremos de cerca esta decisión que afecta a un sinnúmero de familias hispanas.
El responsable del Caucus Asiático, Mike Honda, aseguró que su grupo hará lo posible por garantizar que los incrementos que se apliquen a las tarifas de inmigración sean justificados y razonables.
MALDEF urgió hoy al Congreso estadounidense a que ejerza sus poderes de supervisión y encuentre alternativas para mejorar y financiar la creciente burocracia en el ámbito de la inmigración.
Según el presidente de esta organización, John Trasvina, el incremento de tarifas propuesto por la administración solo servirá para poner una barrera más al sueño de la ciudadanía estadounidense a expensas de los residentes permanentes que ya pagan impuestos.
Según la USCIS, los fondos que se generen, unos 2 mil millones de dólares en dos años, se emplearían en personal, nueva tecnología e infraestructura, entre otras cosas, que permitan agilizar el procesamiento de los trámites. La naturalización, por ejemplo, trataría de adjudicarse en cinco meses en lugar de siete, y la residencia permanente en cuatro meses en vez de seis.
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