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Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres

Por Redaccion

En diciembre de 2009 cerca de 170 mujeres de la política, la academia y feministas, junto con 35 organizaciones de 19 estados del país y 55 organizaciones del Distrito Federal, se reunieron en el Foro Nacional por el Derecho a Decidir de las Mujeres, para acordar estrategias en defensa de los derechos humanos de las mujeres.

En ese encuentro, las participantes suscribieron el “Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres” con el objetivo de defender su derecho a decidir la interrupción legal del embarazo, y liberar de las cárceles del país a las mujeres presas o en proceso judicial por el delito de aborto.

Una práctica criminalizada desde octubre de 2008, a la fecha, periodo en el que en 17 estados se aprobaron reformas a sus Constituciones locales que otorgan “carácter de persona” al producto desde el momento de la concepción, lo que para las feministas, marca un gran retroceso para la vigencia de los derechos humanos, en concreto para el ejercicio de una maternidad libre y voluntaria.

En entrevista con Cimacnoticias, Elsa Conde señaló que el “Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres” tiene el objetivo de defender el derecho a decidir de las mujeres y su derecho a la salud sexual y reproductiva”. Además indicó, es una defensa del Estado laico y una denuncia pública de las y los políticos que votaron a favor de las reformas que protegen la vida desde la concepción.

La ex legisladora por el partido Social Demócrata en la anterior legislatura, señaló que perseguir a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado y ofrecerles tratamiento psicológico es una forma de discriminación, por lo cual, informó, las integrantes del Pacto buscarán una reunión con la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para fijar su postura.

La reunión está programada para este 4 de febrero, mismo día en que se realizará la concentración nacional convocada por las feministas, frente a la Cámara de Diputados.

Por otra parte Elsa Conde hizo énfasis en que la criminalización del aborto propicia la clandestinidad de esta práctica y el incremento en el número de mujeres que mueren por abortos mal practicados o que sufren daños irreversibles a su salud.

Las firmantes del Pacto lamentaron que PAN y PRI, legisladoras y legisladores locales incluidos algunos de izquierda, “en aras de sus propios intereses, buscan legitimarlos haciendo concesiones a autoridades religiosas, anteponiendo, incluso, sus creencias personales al interés público”.

Por ello la feminista afirmó que la obligación del Estado mexicano es otorgar servicios de salud sexual y reproductiva, además de atender la decisión de las mujeres a interrumpir un embarazo, derecho consagrado en los artículos primero y cuarto constitucional, que establece el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos.

Además dijo que la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. (NOM-046) -aprobada por la Secretaría de Salud (SS) en enero de 2009- no garantiza atención a las mujeres violentadas, por lo que se manifestarán para que el Estado asuma sus responsabilidades.

10/AGM/LR

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