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Palabra de mujer

Por Cecilia Lavalle

¿Cuánto vale la palabra de una mujer? ¿Cuánto tiempo se necesita para, al menos, otorgarle el beneficio de la duda. En mi país aproximadamente 15 días. Y siempre y cuando haya una intensa movilización de organismos civiles ante instancias nacionales e internacionales.

Los días 3, 4 y 5 de mayo la violencia irrumpió en Atenco, Estado de México. Pobladores y cuerpos policiales estatales y federales fueron los protagonistas. En la tarea de “imponer el orden” –sea lo que sea que esto signifique en mi país- se cometieron excesos y abusos; algunos de ellos documentados por los medios de comunicación. Otros, las violaciones y los abusos sexuales cometidos contra mujeres no están filmados, no están videograbados. Ahí está el problema.

En mi país una mujer rara vez es digna de confianza. Se infiere de entrada que miente. Pero el descrédito es mayor cuando sus señalamientos apuntan a algún hombre poderoso. Ahí está la periodista Lydia Cacho y sus señalamientos contra Jean Succar, el gobernador Mario Marín y Kamel Nacif. Más de una vez se le ha dijo mentirosa. Hasta que se difundieron las llamadas telefónicas que dejaron claro que Lydia decía la verdad. Y aún así, las autoridades poblanas insisten en que Lydia miente.

En Atenco 49 mujeres fueron detenidas. Los testimonios publicados de las vejaciones, abusos sexuales y violaciones tienen coincidencias torales. Y, sin embargo, una y otra vez distintas autoridades tanto del Estado de México como federales han insinuado o abiertamente manifestado que las mujeres que dicen ser víctimas de estos abusos mienten. Y si ya de plano no les queda más que concederles algún crédito, entonces afirman que las mujeres exageran.

Basan su descrédito en que no se presentaron denuncias en la Procuraduría del Estado de México, ni hay exámenes del médico legista, o que simplemente no es posible que en el traslado ante otras personas se hayan podido cometer semejantes abusos. Y lo primero que pienso es que o son ingenuos o suponen que somos idiotas.

Basta imaginar el calvario para entender porqué las víctimas prefirieron interponer su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Imagine que en el traslado a la cárcel, usted o su hija o su madre o su hermana o su esposa fue golpeada, incluso cuando trató de quitar su propio cuerpo de la pierna herida de algún anciano; imagine que, tras taparle la cabeza con su propia playera, tocaron y pellizcaron sus senos, le bajaron los pantalones y tocaron sus genitales y le introdujeron objetos o dedos, o bien la obligaron a practicar sexo oral a más de un policía, y todo en medio de golpes e insultos en donde la palabra puta era la de más raiting; usted imagínese si llegandito al penal iba a exigir a un médico legista (compañero de los policías) para interponer una demanda contra sus verdugos (ahí presentes) ante agentes del Ministerio Público (compañeros y posiblemente amigos de sus victimarios).

¿De verdad cree que si usted hubiera sido víctima de abusos sexuales por parte de policías tiene alguna mínima garantía, ya no diga de justicia, sino de no ser más violentada, una vez que denuncie los hechos? Y si no creyera en las autoridades de justicia que pertenecen a la entidad a la que sirven sus victimarios ¿dónde pondría una denuncia?, ¿ante quién pondría una queja? Le apuesto que pensó en alguna comisión de Derechos Humanos.

Si en nuestro país se partiera del supuesto de que cuando una mujer denuncia una violación no miente, lo primero que se haría sería investigar a profundidad los hechos, así sea sólo para descartar que mienta. Pero eso será en Suiza o en Finlandia o en Canadá. Aquí, en México, durante algo así como 15 días dijeron una y otra vez que las mujeres mentían. Hasta que organizaciones internacionales de gran peso político -escuchando a las organizaciones civiles que presentaron los testimonios y miles de firmas exigiendo justicia- señalaron con dedo acusador a las autoridades. Ahora empieza a cambiar el discurso.

Y, como apunta en un esclarecedor artículo Lydia Cacho (“La violencia de Estado contra las mujeres”, La Jornada, mayo 18), “llamar a las mujeres mentirosas es violencia de Estado, es complicidad”.

Apreciaría sus comentarios: [email protected]

*Periodista mexicana
06/CL/LR

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