Para la ex legisladora Angélica de la Peña, quien también fue una de las principales impulsoras de esta ley, hay una preocupación legítima alrededor de esta ley, pero también dijo, «observo que hay actitudes misóginas de muchas personas que están muy molestas con la ley porque quisieran que las cosas no cambiaran, que la violencia contra las mujeres siguiera siendo un asunto privado».
Sobre la contrarreforma que presentará el senador panista, de la Peña señaló que lo que se tendría que estar haciendo (en el Senado) es integrar un grupo de trabajo «en el que estemos nosotras incluidas para que tengamos condiciones de resolver y allanar todas las preocupaciones jurídicas que puedan tener los panistas o quien sea», insistió.
Para la ex legisladora perredista, el argumento en que se basa el senador panista de que se dejó fuera de los alcances de la aplicación de la ley al DF y de la coordinación a los municipios, «son argumentos más inscritos en una reacción con el tema de la ley, porque nosotros definimos desde la exposición de motivos, especificamos la inclusión del DF como una entidad federativa, se está integrando al DF».
«Si la ley dijera «estados de la república», claro que hay que meter ahí al Distrito Federal, porque no es un estado, pero sí es una entidad federativa. No es verdad que se está dejando fuera, son 32 entidades federativas las que conforman el país y en esa entidad federativa está incluido el DF. Si dijéramos estados de la republica, tendríamos que decir 31 estados de la república y el Distrito federal.
Insistió que ésta es una Ley marco, una ley general que no es punible, para eso están los códigos civiles y penales y en todo caso, señaló que lo que se tendría que hacer es empezar a trabajar en la reforma a los penales en las entidades, los códigos de procedimientos penales, los códigos civiles y los códigos de procedimientos civiles de las entidades.
De la Peña considera necesario en todo caso crear un ámbito de trabajo que vea los alcances de la ley y ver cómo puede ser perfectible, «pero no para rebajarla, sino para hacerla mucho mas eficiente, para no cuestionarle los conceptos novedosos y vanguardistas que ponemos en la ley, sino para lograr que éstos realmente tengan viabilidad.
«No van a tenerla si no se reforma la ley secundaria en los estados porque ésta es una materia que está inscrita a las entidades federativas», agregó.
Al igual que la antropóloga Marcela Lagarde, de la Peña coincidió en señalar que lo que se tendría que estar trabajando ya es en la creación del Sistema Nacional, encabezado por la Secretaría de Gobernación y la secretaria ejecutiva, quien es la titular del Instituto Nacional de las Mujeres «y en todo caso desde ahí empezar a dar un debate de cómo perfeccionar la ley».
Al respecto, en entrevista telefónica con Cimacnoticias, la diputada de Alternativa Elsa Conde señaló que estas propuestas serán bienvenidas y analizada dentro de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
Mientras, «nosotros nos adelantaremos para tener claridad sobre todos los puntos que están teniendo controversia» y desarrollar nuevas redacciones que permitan comparar lo que se está proponiendo, para que al final quede la mejor propuesta en caso de que se llegara a algún consenso.
Más que un catálogo de tareas, como fue calificada en el análisis realizado por la Clínica Legal de Interés Público (CLIP) del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Ley General es una serie de lineamientos generales que deben seguir los tres poderes del Estado. Establece mecanismos de coordinación entre lo niveles de gobierno: estatales federales y municipales, por lo que las criticas hechas en su contra se están tomando a la ligera sin conocer lo que realmente establece la Ley, aseguró Conde.
Por un lado, dijo, obliga al gobierno y a las instituciones del Estado a que la violencia de género se reconozca como un problema de seguridad pública y define tareas muy concretas a todas las instituciones que se mencionan ahí para que busquen mecanismos que prevengan, erradiquen y castiguen la violencia.
Las sanciones no son incluidas en la ley debido a que, al ser una lista de tareas, cada estado emite su ley reglamentaria para poder sancionar todo lo que esta incluido dentro de ella, «es decir conlleva toda una tarea de legislación a los estados y de adecuación a aquellas que ya se tiene, así como de creación de nuevas leyes para que puedan estar en armonía con esta ley que se acaba de publicar.»
Los estados deben estudiar qué se tiene en relación con las sanciones, y acercarse a los estándares que hay en el país. Por ejemplo, si en un estado la violación es sancionada con 8 años de cárcel y otros con 3 entonces tendremos que tomar la mejor legislación como modelo y el DF puede ser un punto de referencia en avances al cambio del Código Penal federal, aseguró.
Y enfatizó que la ley sólo protege a las mujeres porque «es una ley especifica para mujeres, «no es que no reconozcamos la violencia hacia niños y varones, aquí lo que se ataca es que en más del 90 por ciento de los casos el agresor es una varón y la ley está dirigida a ese 90 por cinto de mujeres agredidas».
Asimismo, señaló que dentro esta legislación los transitorios son muy importantes ya que establecen claramente cuáles son las tareas que diferentes instancias del gobierno tienen que asumir y la Secretaría de Gobernación debe elaborar el reglamento para que efectivamente la ley no se quede sólo en lineamientos generales.
«Es falso que sea un catálogo de conductas reprobables, porque la ley está estableciendo en sus transitorios que se necesitan desarrollar reglamentos para que funcione, lo que ya se esta llevando a cabo actualmente y que a más tardar en abril estarán terminados, dijo.
(Con información de Lourdes González, Hypatia Velasco y Lourdes Godínez)
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