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Panorama de persecución contra las mujeres por abortar

Por Anaiz Zamora Márquez
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En América Latina (AL) y el Caribe existen casos emblemáticos de mujeres que fueron criminalizadas, pusieron en riesgo su salud, e incluso perdieron la vida por defender su derecho a decidir sobre la maternidad y lograr así la despenalización del aborto, pero hasta ahora este objetivo no se ha conseguido.

En los hechos, las autoridades federales de cada país se niegan a garantizar el acceso no sólo al aborto seguro, sino a métodos anticonceptivos y a la planificación familiar. Por el contrario, los gobiernos restringen aún más ese derecho y persiguen a las mujeres.

Reunidas en el seminario internacional “El derecho a decidir de las mujeres en contextos restrictivos, perspectivas y retos” –celebrado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)–, activistas de la región coincidieron en que los casos emblemáticos de los que se ha tenido conocimiento en diferentes países no son únicos, y reflejan la reiterada y grave situación de violación a las garantías humanitarias que viven las mujeres en AL.

Como parte de la conmemoración este 28 de septiembre del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el seminario reunió a defensoras de República Dominicana (RD), Costa Rica (CR), Nicaragua, Honduras, El Salvador y México, quienes denunciaron las graves violaciones a los Derechos Humanos (DH) que se cometen contra las mujeres en sus respectivos países, especialmente contra los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la salud.

Expusieron los casos de “Esperancita” (Dominicana); Aurora (Costa Rica); Beatriz (El Salvador); Amalia (Nicaragua), e Hilda (México), a quienes se les negó el acceso al aborto pese a cumplir con las causales legales para ello, o aunque el embarazo pusiera en grave riesgo sus vidas.
 
A decir de las activistas esta negación, además de exponer a las mujeres a riesgos de salud, refleja que el desconocimiento de las leyes por parte del personal médico y que muchas de las valoraciones morales y culturales en relación al aborto, siguen permeando las decisiones y prácticas médicas.

Advirtieron que RD, Nicaragua, CR, Honduras, El Salvador y México incumplen los convenios, tratados y recomendaciones internacionales que han signado y ratificado para proteger y asegurar los DH de las mujeres. En contraste, han penalizado e incluso encarcelado a mujeres que decidieron o se vieron obligadas a abortar.

Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que en los últimos cinco años, tras la despenalización del aborto en el DF, se ha dado una persecución contra las mujeres que deciden interrumpir su embarazo por parte de autoridades locales, prestadores de servicios de salud, medios de comunicación, sectores religiosos y en algunos estados hasta de la misma sociedad.
 
Sostuvo que a partir de 2008, luego de que varios congresos locales modificaron sus constituciones para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, las denuncias por aborto han ido en incremento, ya que entre 2009 y 2012 cada año se registraron 160 denuncias más que las realizadas en años previos.
 
La costarricense Margarita Salas, presidenta de La Colectiva por el Derecho a Decidir, denunció que en su país en la mayoría de los casos las mujeres no pueden acceder a las causales de aborto y comúnmente son sometidas a una aguda tensión emocional e incluso tortura, pues se les obliga a llevar a término el embarazo.
 
Martha María Blandón, directora de Ipas-Centroamérica, dijo que en Nicaragua a partir de 2006 (cuando se prohibió el aborto bajo cualquier circunstancia) la información oficial en la materia se ha limitado por lo que no se conoce la magnitud de las violaciones a DH que padecen las mujeres.
 
No obstante, reportó que de 2006 a 2013, a través de un monitoreo a medios de comunicación, se sabe que 155 mujeres tuvieron embarazos como consecuencia de una violación sexual; de ellas, 6 de cada 10 tenían menos de 13 años. A todas se les negó el aborto.
 
En el caso de Honduras, Gabriela Díaz, integrante del Centro de Derechos de Mujeres, denunció que en la nación se juzga el aborto como un homicidio doloso, y que incluso se prohíbe la anticoncepción de emergencia al considerarse abortiva y no como un último recurso para prevenir un embarazo no deseado, aun en los casos de violación.
 
Morena Herrera, presidenta de la salvadoreña Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto, lamentó que las mujeres se vean obligadas a acudir ante instancias internacionales (como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), para acceder no sólo a su derecho a decidir, sino el acceso a gozar de plena salud. 
 
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