En los primeros 30 días del año, 25 mujeres fueron asesinadas; dos de ellas, menores de tres años. Esto, sólo en ocho entidades de la República y de acuerdo, únicamente, con los reportes periodísticos de las y los corresponsales de Cimacnoticias.
Los crímenes feminicidas son resultado de una creciente y preocupante violencia contra las mujeres que azota al país. Ello sin considerar en que en ese mismo lapso se informó que una de cada 2 mujeres sufre violencia en Coahuila; desde ahí, el Instituto de las Mujeres de esa entidad llamó urgentemente al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) a realizar un muestreo que defina el tamaño y las causas de esta situación ya intolerable.
Los crímenes contra las mujeres, en los que algunas de ellas son asesinadas, no son un asunto menor. Es un asunto de Estado que ya ha generado importantes iniciativas para atajarlo, así como estudios y recomendaciones nacionales e internacionales para que el gobierno se haga cargo y evite la impunidad…
El 10 de enero, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI) dio publicidad a un estudio en el que señala cuáles son las ciudades del país más peligrosas para las mujeres: Villahermosa Guadalajara. Es preocupante, señaló el Instituto, el crecimiento de la inseguridad en la calle, sin minimizar la violencia de pareja, llamada familiar, que es la única reconocida como problema por las autoridades del gobierno de Vicente Fox.
La situación es intolerable, decíamos. Tal vez por ello, a iniciativa del Congreso de la Unión, desde finales de mayo del año pasado se solicitó a la Procuraduría General de la República la creación de una Fiscalía Especializada; se hizo -como se llama en la jerga camaral- un exhorto, y con el apoyo de siete senadoras, cinco diputadas, seis senadores y dos diputados de la Comisión Permanente, el 15 de junio se pidió la creación por ley de esta Fiscalía.
El procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, anunció finalmente su creación; no obstante, hasta ahora no ha publicado el acuerdo y, por tanto, en los hechos no existe todavía dicha instancia, que podría significar una respuesta adecuada desde las autoridades. Además, la Fiscalía Especializada en la Atención de la Violencia de Género cumplirá uno de los compromisos internacionales en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es inexplicable esta actitud de desenfado o indiferencia.
Lo más sorprendente es que, tras el anunció del procurador, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 150 millones de pesos para el funcionamiento de la Fiscalía Especializada, así que no existe ningún obstáculo para que empiece a funcionar y para que sea dotada de los recursos humanos y los materiales para trabajar. Incluso hay condiciones para iniciar un programa de trabajo y algunas acciones que, a mi parecer, son urgentes.
Lo más grave es que ya ha sido cerrada la Fiscalía Especial que se creó en 2004 para atender los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, ese lugar emblemático en México y el mundo. Allá ya empezaron a protestar por el abandono del gobierno federal.
Los asesinatos de las 25 mujeres a que me he referido: siete en Tamaulipas, cinco en Veracruz, cuatro en Michoacán, dos en Zacatecas, dos en Chihuahua -no en Ciudad Juárez-, uno en Sonora y otro en Oaxaca, exigen una respuesta de parte del procurador. No puedo entender por qué todavía el acuerdo no se publica, ni cuáles son las causas que justifican el retraso.
Pero hay más. En diciembre fue nombrada persona que habría de hacerse cargo de crear y echar a andar la fiscalía: la magistrada Alicia Elena Pérez duarte, quién se sabe ha hecho estudios minuciosos sobre la violencia contra las mujeres desde hace al menos dos décadas. Otra vez, todo está listo y, sin embargo, podemos advertir, hay una resistencia sólo atribuible a la falta de responsabilidad del abogado general de la nación.
Los estudios de los asesinatos de mujeres, los intentos de asesinatos, las violaciones, las desapariciones y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas han dejado en claro que en México, como en otras partes del mundo, los hechos de violencia con crueldad, agresión sexual, violencia repetida al interior de la pareja y el creciente número de denuncias, pueden ser evitados mediante la acción eficiente de las autoridades.
La reacción organizada de la sociedad, a veces también inerte, obligan a cumplir a este gobierno que hace cinco años ofreció, según declaraciones del presidente Vicente Fox, gobernar con una perspectiva de género.
Por todo ello es inexplicable que, una vez conocido y estudiado este horrendo crimen contra mujeres de todas las edades, condiciones y en todo el país, no exista la sensibilidad para apurar algunas de las acciones necesarias y las políticas urgentes.
Se puede de nuevo llamar a la conciencia, a la responsabilidad. Se puede mostrar con hechos y documentos cómo se ejerce la violencia contra las mujeres. Hay estudios, encuestas, análisis de casos, experiencia vividas por mujeres y organizaciones, esfuerzos legislativos, posturas parlamentarias, denuncias internacionales, y sin embargo, una se pregunta: ¿hasta cuándo, señor procurador, ¿hasta cuándo?
*Periodista y feminista mexicana
06/SL/YT
