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Para infantes, justicia sin derechos

Por María de la Luz González

A 15 años de ratificarse la Convención Internacional de los Derechos del Niño y 14 años después de su entrada en vigor en el país, México se plantea la primera gran reforma estructural en la materia, con la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes que reconoce, por fin, el derecho al debido proceso de los menores que cometen un delito.

“Yo llegué al Ministerio Público por lesiones agravadas, asociación delictuosa, robo agravado y vandalismo. El robo nunca se me pudo probar, ellos simplemente pusieron en la declaración lo que quisieron escuchar.

“Hasta tres meses después, que pude salir en tratamiento externo, fue que se pudo comprobar que no hubo ningún robo”, recuerda Alberto, de 16 años, sobre su tortuosa experiencia en un Centro Tutelar para Menores Infractores.

Como Alberto, un promedio de 10 mil niños y adolescentes está inmerso en los laberintos del actual sistema de justicia para menores, que viola todas sus garantías al someterlos a un procedimiento ejecutado por autoridades administrativas, dependientes del Ejecutivo Federal o estatal.

De ese número, cerca del 40 por ciento son privados de su libertad bajo el eufemismo de “tratamiento en internación”, que se cumple en Consejos Tutelares o Centros de Diagnóstico (el nombre varía según la entidad federativa de que se trate), que no se diferencian de las cárceles para adultos, explica la diputada Angélica de la Peña.

“Los consejos tiene alrededor de 3 mil 500 menores en todo el país en tratamiento interno, por supuesto el más alto es del Distrito Federal. En tratamiento externo hay más de 6 mil 500.

“Es absurdo que nos digan que no están privados de su libertad, porque lo están; los actuales Consejos son cárceles que reproducen lo peor de los reclusorios de adultos”, afirma la legisladora, presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la mayoría de los centros de internamiento para menores registra sobrepoblación, abusos -golpes y malos tratos-, hacinamiento y, en lugar de dormitorios, los niños y adolescentes viven en celdas cuyas paredes son “mallas metálicas que semejan jaulas para animales”.

Pero lo más grave, destaca, es que 85 por ciento de los adolescentes que van al Consejo Tutelar llegan por bagatelas jurídicas, la inmensa mayoría por delitos como robo o tentativa de robo, lesiones y encubrimiento. Los casos de homicidio calificado y portación de arma prohibida son los menos, y también es mucho menor la proporción de niñas y adolescentes, entre 10 y 15 por ciento del total.

El robo, en un gran número de casos, está relacionado con la adicción de los menores a alguna droga, que los lleva a buscar el medio para allegarse de dinero y poder adquirirlas, de acuerdo con el informe especial de la CNDH sobre la situación de los 54 centros de internamiento para menores infractores del país.

El principal rango de edad de los y las adolescentes infractores es de 16 a 17 años, seguido por el de 15, lo que demuestra la inutilidad de reducir la edad penal como lo han hecho 15 entidades del país, pues el resultado es que los menores son cooptados por la delincuencia organizada antes de esos rangos, porque aun cuando sean detenidos son inimputables, sostiene De la Peña.

Además, en los centros tutelares actualmente conviven en el mismo espacio adolescentes infractores con niños de siete, ocho y nueve años que no han infringido la ley, y que han sido internados por estar en situación de abandono o de riesgo, según ha documentado la CNDH.


RESPONSABILIDAD, PERO CON DERECHOS

Ante esta problemática, un grupo de legisladores, con la asesoría del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), elaboraron una iniciativa de reformas al artículo 18 constitucional para crear un sistema integral de justicia para adolescentes, que garantice a los menores infractores el derecho al debido proceso.

“Queremos que haya justicia, que se apliquen una serie de principios estatuidos en el derecho positivo, de tal forma que a partir de que se reconozca la responsabilidad penal de sus actos, un adolescente infractor tenga una sanción punitiva acorde a la comisión del delito”, explica la diputada De la Peña, una de las principales promotoras de la reforma.

Pero aclara que la sanción no será impuesta por una autoridad administrativa, como ocurre actualmente, sino por un juez especializado que determine, a partir de la averiguación que realice un agente del Ministerio Público también especializado, la existencia del delito y la sanción que le corresponde.

La reforma obliga a la Federación, los estados y el Distrito Federal a crear, en un término de seis meses, un sistema integral de justicia aplicable a quienes incurran en un delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18, quienes serán internados sólo como medida extrema, por el menor tiempo posible y únicamente por delitos graves.

Los menores de 12 años que hayan cometido un delito sólo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

MEDIDAS ALTERNATIVAS

Esto implica la creación de tribunales, ministerios públicos defensores de oficio y trabajadores sociales, especializados en derechos de la niñez y la adolescencia, así como la transformación de los Consejos Tutelares, que deberán poner énfasis en la prevención y el seguimiento a la ejecución de las sanciones alternativas impuestas a los menores, destaca De la Peña.

La legisladora señaló que, una vez aplicada la reforma, los centros de internamiento deberán tener la quinta parte de la población actual, y que entre las medidas alternativas para los menores infractores se contemplan el trabajo comunitario, el alojamiento en hogares sustitutos, el cambio de domicilio para evitar la mala influencia del ambiente y el regreso a la escuela.

Ello implica que deberán involucrarse todos los niveles de gobierno, preponderantemente el municipal, y la sociedad civil para asegurar la rehabilitación y la reinserción de estos menores a la sociedad, pero la reforma no resuelve el problema de la delincuencia juvenil, que es tarea del gobierno federal, a través de políticas públicas que ataquen las causas de la exclusión y la delincuencia, sostuvo.

“El objetivo es que los muchachos no delincan y eso no se va a dar sólo con buena voluntad, sino cuando los gobiernos, de todos los colores y a todo nivel, entiendan que tienen una responsabilidad, la de atender debidamente al 37-38 por ciento de la población de este país que es menor de 18 años”, puntualizó.

NUMERALIA


DIFERENCIAS

Sistema tutelar
–El Consejo Tutelar (órgano administrativo)
es la autoridad que imparte justicia
–No se realiza un juicio
–Se aplica a mayores de 11 años y menores de 18
–Los menores pueden estar detenidos hasta tres
meses antes de definirse su situación
–Los periodos de tratamiento en internación
van de seis meses a cinco años
–Se interna a menores en situación de abandono


SISTEMA INTEGRAL

–Jueces especializados serán los encargados de impartir justicia
–Habrá también ministerios públicos, defensores y trabajadores sociales
especializados
–Los menores tendrán derecho a un juicio con todas las garantías procesales
–Sólo se aplicará a mayores de 12 años y menores de 18
–Los plazos del procedimiento serán lo más breves posible
–El internamiento es la última opción y para el menor número de casos. Considera medidas alternativas al internamiento
–Propone involucrar a los tres niveles de gobierno en la atención de los menores infractores

05/LG/GM

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