En contra de la decisión que tomó el pasado 8 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la cualidad jurídica del producto de la concepción –durante la controversia constitucional que enfrentó la ley que permite la interrupción del embarazo en el Distrito Federal– el Congreso del estado de Sonora aprobó ayer la modificación a su Constitución para garantizar prerrogativas al feto.
Aprobada por la mayoría del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, la modificación a la Constitución sonorenese señala que «desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural».
Sin embargo, la SCJN determinó que la Constitución Mexicana no protege la vida desde el momento de la concepción, contrario a lo que argumentaban la Comisión de Derechos Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, con apoyo de la Iglesia católica y grupos de derecha y conservadores.
No se puede sostener –concluyeron las y los ministros– que el producto de la concepción es un ser humano y persona, ya que no existe unanimidad sobre cuándo inicia la vida de un ser como humano o persona.
De esta forma, el máximo órgano jurisdiccional de la nación, bajo el cual operan todas las entidades del país, rechazó los argumentos del ministro Salvador Aguirre Anguiano y de grupos conservadores, de derecha y llamados provida, así como de la Iglesia católica, que afirman que el feto puede tener personalidad jurídica y, por tanto, sujeto de derechos.
La decisión de no atribuir personalidad jurídica al feto sentó además un precedente para que en el resto de las entidades federativas los congresos estatales legislaran en la materia, explicó en entrevista con Cimacnoticias el mes pasado el abogado del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Pedro Morales Aché.
De igual forma,las y los ministros de la SCJN consideraron que el aborto –que intentan evitar quienes aprobaron en Sonora la reforma a su Constitución– es un problema de justicia social y de desigualdad.
Son las mujeres más pobres las que mueren como consecuencia de abortos clandestinos, dijeron los máximos juristas, por lo que la Interrupción Legal del Embarazo otorga a estas mujeres su derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre el número de hijas e hijos que quiera tener, como marca la Constitución, y el derecho a la salud, garantizado también por la norma.
«Se trata de un tema que implica los derechos de las mujeres y de su salud sexual y reproductiva, lo que se necesita para lograr una verdadera igualdad de género», sostuvo entonces el ministro Genaro Góngora Pimentel en su exposición.
En su argumentación sobre la interrupción del embarazo, las y los ministros asumieron el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho de la mujer a la libre autodeterminación y al ejercicio libre de su vida sexual y reproductiva.
Asimismo, no dejaron de lado que el tema de la muerte materna está estrechamente ligado con el aborto clandestino, que constituye la cuarta causa de muerte materna en mujeres en edad reproductiva en el país, por lo cual una modificación constitucional como la aprobada ayer en Sonora orilla a las mujeres a la práctica clandestina del aborto y a aumentar los índices de muerte materna.
Penalizar el aborto (como se pretende en Sonora, una vez aprobada la Constitución), dijeron las y los ministros, no terminará con él y no es una medida eficaz para hacerle frente a una realidad que impera en el país, pero que se ha insistido en ocultar.
Lo que faltan, señaló la ministra Olga Sánchez Cordero, en el país faltan políticas públicas integrales y educar en salud sexual y reproductiva, por lo que la ley debe adecuarse a la realidad que se vive.
08/GG
