Desde 1953 cuando se reconoció el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes y a ser electas, a lo largo de más de cincuenta años han pasado cuatro generaciones de mexicanas que han acudido a las urnas a hacer realidad su derecho en condiciones en las que nuestra peculiar historia política se los ha permitido.
«Sin embargo, ese avance no quiere decir que se haya logrado el éxito; se ha caminado sí, pero aún falta mucho por avanzar, pues no lo hemos hecho a la rapidez que quisiéramos», reconoce en entrevista con Cimacnoticias la investigadora del Colegio de México (Colmex), Elena Urrutia, quien asegura que los pactos políticos entre mujeres llegaron para quedarse, pues representan una forma de dignificar y enriquecer su participación.
Para la investigadora es un hecho que el sentimiento de las mujeres en torno a las y los políticos es de escepticismo, y frente a la política, es de automarginación. Esta última ha ido cambiando y ahora sabemos que ellas no sólo proponen sino alientan firmas de pactos como el de Avancemos un Trecho y Un Trecho Más, o bien la Campaña Ganando Espacios, impulsada en 1994 por diversas organizaciones y grupos feministas de México.
Como testigo de las acciones emprendidas por mujeres organizadas está Agenda de Mujeres para las Elecciones en 1997, Poder Femenino, donde reconocen que «las pugnas por el poder están fuera de control y traspasan las fronteras nacionales». Ante ello reconocen que «es necesario actuar para enfrentar estos acontecimientos y, sin perder nuestra capacidad de indignación y asombro, reconstruir sobre bases sanas las instituciones que den sustento y viabilidad a nuestra nación».
En ese año, las mujeres propusieron a candidatos y partidos políticos consideren y respalden las propuestas y demandas de las mujeres de todas las posiciones ideológicas, entre ellos la de participar en la Reforma de Estado, pues esta «va más allá de la indispensable reforma electoral».
Algunos analistas políticos definen la participación femenina «como todos aquéllos actos o quehaceres que hacen de las mujeres protagonistas de los diversos procesos sociales mediante su intervención en actividades socio-económicas, políticas y culturales de la vida de una localidad o de la nación. La participación puede ser organizada o no, y puede implicar interactuar con el Estado o no».
VOTO E IGUALDAD
Así, al hacer un recuento de lo que ha significado la inserción de las mujeres en la vida política nacional, la investigadora del Colmex asegura que el sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política, esto es, el que cada mujer pueda decidir sobre su vida, y además acepta la posibilidad de elección de otras mujeres para ocupar cargos de representación popular.
Lamentablemente –agrega Urrutia-, esa igualdad hoy en día no es una realidad para más de la mitad de la población mexicana, pues el porcentaje es mínimo si se toma en cuenta que hay una secretaria de Estado, Josefina Vázquez Mota; una gobernadora, Amalia García (PRD), por Zacatecas, en tanto que hay 3.2 por ciento de presidentas municipales al lado del 96.8 restantes de varones.
«Y aunque ello resulta ridículo, de cualquier manera se ha abierto camino desde la primera mujer gobernadora, Griselda Álvarez (Tlaxcala), a quien siguió Beatriz Paredes (Tlaxcala); Dulce María Sauri Riancho (Yucatán); Rosario Robles (Distrito Federal) y Amalia García (Zacatecas).
ACCIONES
La también fundadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), señala que paradójicamente cuando en el concierto general todos los países han refrendado su compromiso a favor de los derechos humanos de las mujeres –que los cumplan ya es otra cosa-, no se ha dado un gran impulso a la participación política de las mujeres, la cual ha quedado relegada a segundo término.
Destaca que muchos son los pendientes de nuestro país: «No hemos logrado la liberación del aborto, aunque es un tema que sigue abierto; tampoco se ha prohibido la píldora del día siguiente y lo que sí ha aumentado es la violencia y no es que haya aumentado sino que se está visibilizando, porque la violación, el acoso, la violencia doméstica siempre han estado y tiene su expresión más dramática en el feminicidio».
En materia política «vamos caminando ahora hay más legisladoras del PRI, PAN, PRD y del resto de los partidos, no las que quisiéramos pero si van en aumento».
En el año de 1953 las mujeres mexicanas ejercieron por primera vez su derecho al voto. Los políticos mexicanos concibieron el crecimiento político de la mujer de manera gradual. Pensaron que primero deberían «votar en chiquito» para tener el derecho de participar en las elecciones federales. Fue así que se dieron las primeras reformas a la Constitución. Durante el sexenio de Miguel Alemán, en 1946, se reformó el artículo 115 para que las mujeres pudieran votar y ser votadas en las elecciones municipales.
No sería sino hasta 1953, durante la administración de Adolfo Ruiz Cortines, que llegó la reforma; y, al decir de algunos autores de textos sobre el período, sin que organizaciones de mujeres hayan presionado de manera intensa sobre dichos cambios. El artículo 34 quedó de la siguiente manera:
«Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido los 18 siendo casados o 21 si no lo son y, II. Tener un modo honesto de vivir.»
El derecho a voto de la mujer en América Latina llegó de manera dispareja. En Argentina se consiguió, tras largas luchas, en 1947. En Brasil, se obtuvo la facultad de votar a las mujeres en 1932, mismo año en que Costa Rica la implementó. En Guatemala sólo se otorgó este derecho en 1945 a las mujeres que sabían leer y escribir. No fue sino hasta 1965 que el voto femenino se extendió también a las analfabetas.
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