La participación política de las mujeres en Veracruz no debe medirse sólo por el número de cargos públicos que ocupen sino por el nivel de empoderamiento, manifestación de las ideas y exigencia de rendición de cuentas.
De acuerdo con Estela Casados, investigadora de la Universidad Veracruzana sobre temas de género, se necesita hacer ver a las «mujeres de a pie» que son ciudadanas mediante el conocimiento de sus derechos y la garantía para ejercerlos, pues de otra manera continuarán siendo mínimos los cargos públicos que ocupen, así como su incidencia en la toma de decisiones en las políticas públicas.
«Yo creo que la participación política de las mujeres no se puede medir por el número de puestos de decisión a los que pueden acceder. Más nos debe preocupar -y ocupar- ver cómo se desenvuelve la participación política ciudadana de aquellas mujeres que, por situación personal y trayectoria familiar, no pueden -o no desean- participar en puestos de elección popular o ser designadas en algún puesto de poder formal», expresó.
Consideró que es preocupante que no se fortalezca la participación de estas mujeres pues «en algunas ocasiones solamente se les ve como aquel groso de la población que va a contribuir con un voto», debido a que eso las deja únicamente como votantes y no les da su estatus pleno como ciudadanas.
Señaló que se debe fortalecer y reconocer la participación de las mujeres en la vida pública, ya que el hecho de que protesten o exijan sus derechos es visto como un sin sentido, cuando esas acciones deberían ser consideradas manifestaciones para que se cumpla el acceso a sus derechos como ciudadanas.
Reconoció que son pocas las que se asumen como ciudadanas, por lo que se necesita fortalecer esa participación política, tarea que están llevando a cabo las organizaciones de la sociedad civil apartidistas.
«En el caso de las mujeres primero es necesario que se perciban como ciudadanas; porque pareciera que todas las mujeres de a pie nos asumimos como ciudadanas y no es así; no sabemos cuáles son nuestros derechos ciudadanos, nuestros derechos humanos, políticos y, en particular, nuestros derechos como mujeres».
«No hemos tenido la oportunidad ni el chance de entrar a un proceso que nos permita reflexionar sobre cuál es la situación de opresión, desigualdad y desventaja por el simple hecho de ser mujeres».
Estos pasos que se deben dar, finalizó, servirían para evitar el clientelismo político mediante los programas sociales, con lo que se acabaría con el uso de la pobreza femenina como un botín político.
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