En Puebla, legisladoras y legisladores, así como organizaciones de la sociedad civil (OSC) pidieron esta semana al gobernador Mario Marín que vete la reforma a la Constitución local que garantiza «la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural» que cancela la posibilidad de la interrupción legal del embarazo (ILE), aprobada por legisladores panistas y priistas el pasado 12 de marzo.
La reforma, señala la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rocío García Olmedo, quien fue la primera en pedir su veto, se encuentra en el proceso de Constituyente, pues ya fue enviada a los 217 municipios para su aprobación y hasta el momento cuatro han aprobado la reforma, por lo que las y los diputados que buscan la cancelación tienen este mes para conseguir el respaldo de 109 cabildos para echarla para atrás.
Se ha iniciado, dice a Cimacnoticias García Olmedo, una lucha conjunta de OSC nacionales e internacionales, entre las que destacan Milenio Feminista y Human Rights Watch, y de legisladoras y legisladores del PRI, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y una parte del Partido del Trabajo (PT), quienes en conjunto esta semana convocaron al gobernador Mario Marín a que no la publique hasta que se abra la discusión a la sociedad en su conjunto.
En tanto, las OSC mexicanas llevaron el caso a la Comisión de Población y Desarrollo Cairo+15, realizada en la Ciudad de Nueva York del 30 de marzo al 3 de abril de 2009, a través del Informe Alterno quepresentaron en la 42ª Sesión que se llevó a cabo en Nueva York.
LA MODIFICACIÓN
La modificación que los legisladores hicieron a la Constitución local añade un capítulo dedicado a la familia, en donde se encuentran las disposiciones contra la ILE, explica la diputada García Olmedo, quien relata a Cimacnoticias que el día en que se aprobó la iniciativa la sede del Congreso estaba protegida por policías antimotines.
El día de la votación, ante el crispamiento de ánimos en la sede del Congreso, diputadas federales viajaron a Puebla, entre ellas Martha Tagle, de Convergencia, y Claudia Cruz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La iniciativa fue promovida a través de una alianza formada por legisladores del PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), quienes ignoraron las protestas de las organizaciones de la sociedad civily la aprobaron en lo general con 29 votos.
Quienes votaron a favor de la iniciativa, por el PAN fueron: Luana Armida Amador Vallejo, Patricia Hidalgo Elguea, Leonor Popócatl Gutiérrez, así como los legisladores Enrique Guevara Montiel, José Manuel Janeiro Fernández, Raúl Erasmo Alvarez Marín y Andrés Macip.
Por eso García Olmedo solicitó públicamente al mandatario que no publique la reforma en el Diario Oficial del estado para que se quede sin efecto la reforma, porque ella y un grupo de legisladores de su partido, que lo es también del Gobernador, votó contra la modificación.
LAS RAZONES
Rocío García Olmedo manifestó ante el Congreso –el día en que fue votada la iniciativa panista– su preocupación por las modificaciones a la fracción IV del Artículo 26 de esta Iniciativa dictaminada «La vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural».
La legisladora, citó al filósofo español Fernando Savater, quien afirma que «la jerarquía religiosa, de una u otra religión, tiene derecho a establecer lo que según su credo son pecados, pero no tiene derecho a decidir lo que son delitos».
Un obispo o un rabino o lo que sea, puede decidir qué cosa es un pecado, pero los delitos debe establecerlos la ley laica, la democracia; las y los legisladores que se base en razones, en argumentos comprobables o en historia, y en valores compartidos más allá de las diversas religiones», afirmó.
Precisó que la ILE se trata de un asunto particular, que puede ser de un millón o de dos millones de particulares, donde radica su gran influencia en las sociedades, pero no por ello tienen autorización para ingresar a la esfera de lo público: más que a título personal. Esta iniciativa, sobra decirlo, «va permeada por este manto».
La diputada priista detalla que la fracción IV originalmente presentada, en el Artículo 18, «incluso borraba los derechos adquiridos por las mujeres previstos en la ley», es decir, la ILE producto de una violación, por riesgos de muerte en la madre, imprudencial, ypor malformaciones genéticas o congénitas.
«Se logró salvar estos casos,», sin embargo la redacción de esta fracción ha prevalecido por lo que subraya no estar de acuerdo en que se cierre de manera tácita el debate de estos temas, que si bien encierran una gran complejidad, son temas que deben mantenerse en la agenda de diálogo».
Estos asuntos «no son temas acabados en el mundo, ni entre los científicos; como para que se les dé el rango constitucional». Existe el error de creer que las disposiciones legales solucionan los problemas morales. Esto no es así señores diputados: «El aborto es una realidad de la que conviene hablar, y que justamente la propia Iniciativa ha provocado la continuidad en el debate», puntualiza.
09/GTR/LAG/GG
