Las Normas Oficiales Mexicanas en planificación familiar y para prevenir y atender la violencia sexual contra las mujeres, no se cumplen y son desconocidas para la población en general, e incluso para el personal del sector salud en al menos siete entidades federativas, de acuerdo con estudios de grupos civiles.
Es así que en Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala, sólo la mitad de las unidades médicas de salud pública brinda a las mujeres la pastilla de anticoncepción de emergencia (PAE), método eficaz para evitar embarazos no deseados después de una relación sexual sin protección o en caso de violación.
De ese modo, las secretarías de Salud de esas entidades estarían incumpliendo con la Norma Oficial Mexicana de Planificación Familiar (NOM-05), la cual estipula la obligación de los servicios sanitarios de proporcionar la PAE a las mujeres que la requieran.
En tanto, el 95 por ciento de la población entre 14 y 40 años de edad, en el estado de Durango, desconoce la existencia de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual contra las mujeres.
Según un sondeo, el 75 por ciento de las personas consultadas en esa entidad no sabe a dónde acudir para interrumpir legalmente un embarazo (ILE) en caso de violación, y el 60 por ciento ignora en qué casos está permitido el aborto de acuerdo con la legislación estatal.
DESABASTO DE ANTICONCEPTIVOS
Las organizaciones civiles Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), documentaron que los prestadores de servicios de Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala negaron el anticonceptivo a las usuarias con el argumento que la PAE aún no llegaba a su unidad de salud o que había «desabasto».
En Chiapas los prestadores de servicios dijeron que no proporcionaron el anticonceptivo porque se requería la autorización de personal médico ausente en ese momento, de acuerdo con el estudio «Experiencia de fiscalización de acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos. Análisis desde la sociedad civil 2007-2010».
En la investigación se asienta que la negación de la PAE en Morelos se disparó hasta 71 por ciento, en Tlaxcala fue de 44 por ciento, y en Hidalgo de 37.5 por ciento.
La información se obtuvo a partir de entrevistas con usuarias de los servicios públicos de salud, y con la consulta que hicieron las propias activistas al simular que requerían la PAE.
Las organizaciones civiles detectaron que en Chiapas, por ejemplo, el personal de salud condicionó a las usuarias a que debían acudir menstruando para que les pudiera brindar la PAE, así como contar con autorización médica previa. En ese estado se verificó también la falta de personal para dar información.
En el caso del DF quienes requieren la anticoncepción de emergencia deben pagar consulta y tienen que habitar en la zona donde se ubica el centro de salud. Las usuarias deben llegar a las 5 de la mañana para alcanzar una de las 15 fichas que se reparten diariamente.
En Hidalgo las unidades carecen de personal autorizado, el servicio sólo se brinda en un horario especifico, y se solicita a las usuarias receta médica para autorizar la PAE, denunciaron las activistas.
En los servicios de salud en Morelos es necesario que las usuarias elaboren una hoja de petición para que les den el anticonceptivo de emergencia. Cuando se levantó la información «no había PAE en existencia», dijeron Equidad de Género y Ddeser.
DESCONOCIMIENTO
En general, señala el estudio, el personal de salud no está capacitado para brindar información «clara y precisa» acerca de la anticoncepción de emergencia. Además en entidades federativas como el DF y Chiapas se detectaron actitudes prejuiciosas ante la solicitud de la PAE.
A 43 por ciento de las activistas que fingieron ser usuarias del servicio se les indicó de forma errónea e insuficiente en qué casos debe usarse la PAE. Y el 46.7 por ciento de las mujeres recibió información incorrecta acerca de si la pastilla es abortiva o no.
Mientras en Durango, organizaciones como Sí hay Mujeres en Durango, RDfine-Durango y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, patrocinaron una encuesta a mil 200 personas en cinco municipios del estado: Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro y Vicente Guerrero.
El objetivo del sondeo fue detallar el conocimiento de la población y las acciones del gobierno estatal respecto a la aplicación de la NOM-046.
Durango es una de las 17 entidades federativas que desde el 2008 reformaron sus constituciones locales para «proteger la vida desde la concepción-fecundación».
«En el estado se desconocen ampliamente las causales no penalizadas para interrumpir un embarazo; el estado no ha generado campañas para difundir el acceso en caso de violación sexual y aunque la población conoce los mecanismos como la PAE, un amplio porcentaje no la aplica posiblemente por sus creencias religiosas», dijo la presidenta de Sí hay Mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo.
La activista consideró que los resultados de la encuesta reflejan «la negación de Durango» para cumplir con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que la NOM-046 es obligatoria para todas las instituciones de salud públicas y privadas del país.
Camargo indicó que también podría influir la fuerte presencia de la religión católica en la entidad, toda vez que según el sondeo 82 por ciento de las y los consultados son creyentes y sólo 5 por ciento no profesa religión alguna.
Otro de los resultados de la encuesta es que del 70 por ciento de las personas consultadas que aceptaron conocer la existencia y legalidad de la PAE, sólo el 30 por ciento la ha utilizado. El 91 por ciento adquirió la píldora de emergencia en farmacias de patente. Sólo el 9 por ciento la obtuvo en el Sector Salud.
La presidenta del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Patricia Mercado, llamó al gobierno de Durango a que garantice los derechos reproductivos de las mujeres.
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