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Pasividad gubernamental ante el tráfico internacional de mujeres

Por Cecilia González

Durante la última década, 10 mil mujeres de República Dominicana fueron llevadas a la Argentina bajo la promesa de que se les colocaría en algún trabajo. Terminaron prostituidas.

Es una larga red de complicidades a todos los niveles que inicia en Santo Domingo y desemboca en Buenos Aires, y que pese a que fue dada a conocer a través de una serie de reportajes en el diario Página 12, ha permanecido impune.

La historia la cuentan Carla Conde, abogada dominicana que enfoca su trabajo en el rescate y repatriación de sus connacionales, y Mariana Carbajal, la periodista de Página 12 que ha seguido el caso.

Ambas participan en el Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción, y detallan precisamente uno de los ejemplos que mejor pueden representar la manera en que la corrupción permite la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres.

La paridad del peso argentino cuando estaba uno a uno con el dólar fue el imán que permitió operar a los traficantes de las dominicanas, explica Carbajal. “Aunque finalmente ellas tenían que pagar por el viaje entre 800 y 2 mil 600 dólares, dependiendo de si se incluía o no el billete de avión”.

En Argentina, los cálculos que permite realizar el sistema migratorio arrojan cifras estimadas de 10 mil dominicanas que arribaron al país durante la década pasada. Pero en el ámbito internacional hablan de 70 mil que han abandonado la isla para ser trasladadas a países principalmente europeos y prostituidas, la mayoría de las veces, por carecer de alternativas ante el engaño de quienes las enganchan.

Las denuncias de Conde y las publicaciones de Carbajal permitieron conocer cómo, al llegar a Buenos Aires, las jóvenes eran llevadas a un albergue comandado por Máxima Pérez, dominicana que presumía de su buena relación con los representantes diplomáticos de Dominicana en Argentina.

A Máxima, las jóvenes le debían pagar el hospedaje y la comida. Los servicios eran un engaño, porque ante el hacinamiento muchas veces debían compartir incluso la misma cama y alimentarse con los mendrugos del raquítico menú que la mujer quisiera darles.

“Uno de los principales problemas para combatir esto es que no hay una plena conciencia de lo que significa el tráfico de personas, se habla de migración ilegal. Esos son eufemismos”, dice la abogada. Llora. No puede evitarlo y se entiende. Ha estado en contacto directo con las historias de 24 de esas mujeres que con un sueño de prosperidad bajo el brazo arribaron a Argentina y sólo encontraron violaciones físicas y emocionales. Y estafas.

Tan sólo en un par de meses de 1998, a Argentina entraron 4 mil 500 dominicanas, complementa la periodista. Eso era suficiente para poner en alerta a las autoridades, para demostrar que algo raro estaba pasando. Pero nadie hizo nada.

A raíz de las denuncias publicadas se iniciaron dos procesos judiciales que siguen su curso. Aún no hay conclusiones, pero Máxima, la mujer que albergaba a las jóvenes migrantes, ya está de vuelta en República Dominicana y goza de todas las protecciones gubernamentales posibles.

La transparencia empezó por casa.

       
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