El cierre de la mina Pasta de Conchos implica la cancelación de la licencia a Industria Minera México para explotar carbón, pero por ninguna circunstancia exime a la empresa de continuar con el rescate de los cuerpos de los mineros, como manejaron hoy algunos medios de comunicación, coincidieron en señalar Elvira Martínez, viuda de uno de los mineros, y Manuel Fuentes, representante legal de las familias de los mineros muertos en la mina el año pasado.
Fuentes explicó a Cimacnoticias que, con dicho cierre, el gobierno federal podría también hacerse responsable del rescate de los mineros, pues la mina es una propiedad federal concesionada a una empresa, por lo cual debe establecerse una responsabilidad solidaria de su parte.
Industrial Minera México incurrió en un desacato, detalló el abogado, por lo cual el gobierno federal debe asumir el rescate de los cuerpos por tratarse de un lugar que es propiedad de la nación.
Tanto Fuentes como Elvira Martínez aclararon que lo manejado hoy por los medios de comunicación sobre el cierre y el alto al rescate se debe a la desinformación que existe sobre la cancelación de esta licencia.
Manuel Fuentes explicó que, de acuerdo a la Ley minera, la resolución para el cierre de la mina es una sanción a la empresa para que no pueda realizar trabajos en forma definitiva como actividad empresarial y no determina que no pueda llevarse a cabo el rescate de los cuerpos, «eso es totalmente falso».
La resolución fue emitida luego de que la Secretaría de Economía dio como plazo a Industria Minera México 30 días para reabrir la mina número 8 de Pasta de Conchos y reiniciar con los trabajos, a fin de establecer las condiciones adecuadas para realizar el rescate de los 65 cuerpos de los mineros atrapados desde el 19 de febrero de 2006, fecha en el que sucedió la explosión que les costó la vida, según Fuentes.
Al desacatar esta determinación, la Secretaría de Economía suspendió de manera definitiva los trabajos de la empresa en el lugar, es decir, la única consecuencia de esta resolución es la suspensión de la actividad laboral para efectos de recursos y generación de dividendos a favor de Minera México, hecho que no significa que se deba suspender el rescate de los cuerpos, subrayó el abogado.
Por su parte, Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz Delgado, explicó a Cimacnoticias que dentro de la Ley de minas se establece que es posible prohibir a la empresa la comercialización del carbón hasta que no se reviertan las condiciones en las que actualmente se encuentra la mina, de lo contrario no puede realizar trabajos para explotar carbón, pero sólo de la Mina 8 donde se encuentran los cuerpos.
Sin embargo, dice tener claro que la empresa no quiere llevar a cabo el rescate, hecho que quedó claro desde el 4 de abril cuando se suspendió el trabajo de rescate: «pero eso no significa que no pueda hacerlo».
Por ello, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, debe establecer cuáles son las medidas que llevará a cabo para obligar que la empresa cumpla con la resolución de la Secretaría de Economía, ya sea retirándole la concesión o haciéndose cargo de los cuerpos, indica Martínez.
No obstante, no hay voluntad por parte de la empresa para continuar con el rescate y por ello «deja que la sancionen y le quiten su licencia».
LA CONCESIÓN
Fuentes, insistió en que la resolución no tiene el sentido que le han atribuido algunos medios de comunicación, pues la resolución se deriva de una sanción a la empresa. No obstante, aún es necesario que, independientemente de la cancelación de la licencia, se proceda a la cancelación total de la concesión, dijo.
«He leído información que sale en algunos medios de comunicación pero es una visión torcida por falta de información en esta cuestión», mencionó el abogado.
Al respecto el representante legal de las familias de los mineros está solicitando un recurso de amparo en el Juzgado Décimo Quinto del Distrito Federal, debido a la negativa de la Secretaría de Economía a decretar la cancelación de la concesión.
Asegura que la suspensión definitiva de los trabajos de Industria Minera México en la mina número 8 trae como consecuencia la cancelación de la concesión, pues al no realizarse trabajo alguno en el lugar traería como consecuencia la facultad por parte de Secretaría de Economía para cancelar la concesión.
Elvira Martínez asegura que las viudas y los familiares ya conocían la determinación de la Secretaría de Economía de cancelar a Minera México su licencia para explotar carbón y lamentó que hasta ahora la STyPS no cumpla con la obligación encomendada por Felipe Calderón de resolver la situación de los 65 cuerpos aún atrapados en la mina.
«Quisieron presionar a la empresa quitándole su licencia para explotar carbón, sin embargo (a Minera México) no le importó que se la retiraran. Pero el asunto no termina ahí, la Secretaría del Trabajo tiene que tomar otras medidas y una de esas sería quitarle la concesión y que el gobierno mexicano se haga cargo el rescate de los cuerpos».
«Para nosotros el recate sigue, que la empresa está renuente y ya no va a acceder, eso lo tenemos claro, pero ¿cómo es posible que el empresario tenga mas autoridad que la autoridad propia?, si le están girando una orden y no la acata entonces la autoridad (la Secretaría de Economía y la del Trabajo) debe toma otras medidas.
«El Secretario del Trabajo no se atreve a hablar y tampoco no nos ha querido recibir porque sabe que nuestras exigencias están dirigidas hacia ellos», concluye Martínez.
07/HVR/GG
