Al gobierno mexicano le incomoda que lo pongan en el banquillo de los acusados. Así quedó de manifiesto con el equipo de funcionarios que envió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (STPS) a esta ciudad, donde se celebró la 99ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para analizar el caso de la mina «Pasta de Conchos», del 7 al 11 de junio de 2010.
Se mostraban nerviosos, molestos y hasta soberbios para tratar de imponer su verdad, ante un foro que los escuchaba con incredulidad.
Por más argumentos, cifras y hasta gritos, en plena conferencia, los esfuerzos del representante gubernamental mexicano, para acallar la denuncia de representantes obreros, quienes condenaron el uso de la violencia en contra de los mineros de Cananea, y el cierre de la mina de Pasta de Conchos, en la madrugada del domingo 6 de junio, no fueron suficientes para lograr que se archivara el caso.
Rafael Adrián Avante Juárez, actual director general de inspección de la STPS, en representación del gobierno, daba cifras de miles de acciones para tratar de impactar al Comité de Expertos de la OIT.
Habló de las medidas que están tomando para evitar accidentes de trabajo. Decía que durante 2009 las inspecciones cubrieron a 4 mil 627 trabajadores, y se implementaron mil 711 acciones, y de las cuales, 313 fueron acatadas de manera voluntaria por los patrones.
Manifestó que a las viudas y a los familiares de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos, se les había cubierto su indemnización, y que esta se había pagado en demasía.
Daba cuenta de la publicación de la norma oficial NOM-032-STPS-2008, que contiene medidas muy importantes que deben cumplirse en los centros mineros, para inhibir los accidentes de trabajo, y que por este hecho, el caso de Pasta de Conchos debía quedar cerrado.
Representantes patronales mexicanos, y del sector internacional, reiteraron su petición para que el caso quedara concluido en esa instancia internacional.
LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO
Sin embargo, cuando hicieron uso de la palabra diversas representaciones sindicales, se fueron evidenciando las mentiras, y contradicciones del gobierno mexicano, porque la norma oficial aludida, no es conocida por la mayoría de los mineros, ni respetada por los patrones de la zona.
Cuando el presidente del sindicato estadounidense AFL-CIO, Stanley Gacek, denunció la protección del gobierno mexicano para el «Grupo Minera México» y la violencia con la que desalojó a los huelguistas de Cananea la noche del 6 de junio, luego de 3 años de huelga por las graves condiciones de higiene y seguridad, así como por el uso de la violencia para tapar la mina de Pasta de Conchos en Coahuila, el representante gubernamental solicitaba a gritos que se callara Stanley Gacek, «porque se estaba desviando del tema de la conferencia».
Cientos de representantes, de diversos países, veían sorprendidos la prepotencia con la que se conducía Avante Juárez, representante del gobierno mexicano para callar una denuncia muy grave que se estaba formulando. Era evidente que no quería que se escuchara en esos foros la forma represiva que usa la autoridad mexicana para «resolver» los problemas laborales.
Ante esa actitud, el presidente de la conferencia pidió al represente gubernamental mexicano que se callara y permitiera al representante de la AFL-CIO seguir en uso de la palabra. Cuando concluyó la sesión, Avante Juárez, salió con la cara desencajada de molestia.
Las denuncias continuaron en la 99ª Conferencia de la OIT, puntualizaron que después de la explosión, en la que perdieron la vida 65 mineros, a la fecha, han muerto 41 mineros, por falta de medidas protección e indolencia patronal.
A mí me tocó denunciar que un 60 por ciento de los mineros carece de seguridad social, y de contratos de trabajo formales. Ello se traduce en la inexistencia en las estadísticas oficiales de la mayoría de los trabajadores.
Las autoridades dan cifras contradictorias, mientras que la STPS afirma de la existencia de 60 centros mineros, la Dirección General de Minas dice que son 125 minas, mientras que el IMSS refiere que son 237 centros de trabajo, relacionados con la minería.
Denunciamos que los mineros siguen falleciendo y los Ministerios Públicos, ni siquiera levantan el acta correspondiente. Cuando son informados, sólo mencionan que por ser accidentes de trabajo, ellos no intervienen, lo que facilita la impunidad patronal.
Las actas de inspección que levantan las autoridades laborales no son públicas, lo que impide a los demás trabajadores enterarse de qué irregularidades, fueron omitidas o reportadas.
A las viudas, se les siguen pagando indemnizaciones miserables, porque los patrones siguen cotizando con salarios inferiores a los que realmente cubren, y lo más grave, cuando enfrentan un litigio laboral, son ellas quienes tienen que demostrar la existencia de la relación laboral, y del riesgo de trabajo. La mayoría tiene resultados adversos, y el patrón se sale con la suya.
Se denunció que a las viudas, no se les ve, ni se les escucha, simplemente se les ignora, como sujetos sociales con derechos.
La 99ª Conferencia de la OIT fue muy importante, porque a pesar de los deseos del gobierno mexicano de que se cerrara el caso, se le demandó que entregue información en noviembre próximo sobre las medidas que se adoptan con los mineros que están en la informalidad.
Dicho informe deberá contener, la forma de evaluar los riesgos de trabajo, las indemnizaciones realmente pagadas a los familiares de los mineros fallecidos, y que haya una «estrecha colaboración con los sectores sociales» afectados.
De estas acciones y obligaciones del gobierno mexicano no cejaremos en la exigencia sean cumplidas cabalmente.
* Integrante del consejo de CIMAC, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del D.F.
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